La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el miércoles el Proyecto de Ley 333 que ratifica el "Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos Relativos a la Abolición de la Pena de Muerte", mediante el cual el Estado boliviano se compromete a no aplicar en el territorio nacional esa sanción a ninguna persona sometida a su jurisdicción.

El Protocolo fue adoptado el 8 de junio de 1990 en el vigésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrado en Nuestra Señora de Santa María de la Asunción (Paraguay).

El Protocolo prevé la abolición de la pena de muerte, señalando que los estados partes no aplicarán esta sanción dentro de sus territorios, y en su Artículo 2 autoriza a los firmantes declarar que se reservan el derecho de aplicar esta sanción en tiempo de guerra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante un informe jurídico, concluyó que el Protocolo es compatible con el Artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala que: "Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte".