La octava reunión del Consejo Nacional de Autonomías concluyó con la aprobación del documento de Mandatos y Alternativas de Financiamiento que contiene 25 consensos y 2 disensos. A partir de hoy el Servicio Estatal de Autonomías tiene un plazo de 15 días para elaborar un documento final en base a los acuerdos a los que se llegó en todas las etapas del diálogo sobre el Pacto Fiscal.

El Consejo aprobó el documento e instruyeron a la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF) trabajar en comisiones técnicas y consejos de coordinación sectorial y elaborar un documento sobre los consensos alcanzados. El Documento final del Pacto Fiscal estará listo en un plazo de 15 días. El viceministro Hugo Siles considera que las alternativas de financiamiento "son ricas para explotar y trabajar hacia futuro".

Entre los 25 consensos alcanzados, está el análisis de las fuentes de recursos públicos, de la distribución competencial y de responsabilidades de los gobiernos subnacionales en caos que no existe claridad suficiente o son compartidas y recurrentes. Además, está el establecimiento de mecanismos de articulación entra las agendas productivas y sociales, las agendas de cambios normativos e institucionales y las fuentes de recursos públicos; generar mecanismos para establecer asociaciones público-privadas para la implementación de emprendimientos productivos en todos los niveles de gobierno y la agilización de los Consejos de Coordinación Sectorial con su respectiva asignación efectiva de recursos.

Asimismo, acordaron establecer una asignación porcentual progresiva y administrada por los diferentes niveles de gobierno para reducir las brechas de desigualdad en temas de niñez, adolescencia y mujer; la asignación porcentual de recursos y las regalías que establece la Constitución a las autonomías indígena originario campesinas. En el caso de las autonomías regionales, se determinó el acceso a créditos y empréstitos internos y externos y analizar la factibilidad de contar con dominios tributarios regionales.

Abordaron también el ámbito de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) en las que se estudiará la posibilidad de participación de las mismas en los proyectos de inversión estratégica del nivel central del Estado, las tasas y contribuciones especiales de las ETAs, la posibilidad de espacios de coordinación intergubernamentales para participación de gobiernos autónomos en el control y fiscalización de recursos naturales de minería y forestales.

Acordaron también el análisis de la viabilidad de transferencia a los gobiernos departamentales el dominio tributario del Régimen Agropecuario Unificado (RAU), el Impuesto al Juego (IJ), el Impuesto de Participación al Juego (IPJ) y los impuestos a la afectación medioambiental por actividades hidrocarburíferas, mineras y de electricidad, reducir condicionalidades para el acceso a recursos del IDH, la promoción de empresas públicas subnacionales creadas con fondos específicos, entre otros puntos.

El disenso principal fue el planteado por Santa Cruz y La Paz que sostienen que en los últimos 10 años las gobernaciones “tienen una disminución de recursos por leyes y decretos que dificultan el cumplimiento del ejercicio de sus competencias y atribuciones”, pero el Ministerio de Economía rechazó esta posición alegando que los departamentos cuentan con suficientes recursos.