La ministra de Comunicación, Gísela López rechazó la resolución de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la que exhorta a Bolivia a cumplir los tratados internacionales y la Constitución sobre el trabajo periodístico y las agresiones a los medios. Señala que en el país está garantizada la libertad de prensa y califica a la SIP como el “brazo periodístico del gobierno de EEUU”.

“SIP no tiene moral para exhortarnos. No somos colonia. Somos libres y soberanos. Derecho a la libertad de prensa e información garantizados”, escribió López en su cuenta de Twitter. Poco después, relacionó a la organización con Estados Unidos y recordó que los asociados son los dueños de los medios. “De quién es la SIP? De EEUU, reúne a dueños de grandes medios de comunicación. Es el brazo periodístico del gobierno de EEUU”, publicó.

En la resolución de su 73 Asamblea, la SIP resuelve “exhortar al gobierno nacional a cumplir los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta que ofrecen protección al trabajo periodístico, evitando la estigmatización”. Además, pide a la justicia boliviana que “sancione de acuerdo al ordenamiento legal vigente, a los responsables de agresiones contra periodistas y medios, estableciendo la reparación de eventuales daños”.

Ante esto, López indicó que la SIP usa el periodismo para atacar al gobierno boliviano. “Bolivia exhorta a la SIP a que deje de usar noble oficio del periodismo para atacar revoluciones de los pueblos y hacerle coro al imperio”, escribió.

En el informe referido a Bolivia, presentado en la Asamblea de Salt Lake city en Estados Unidos, la SIP expresó su preocupación por el estigma social del gobierno y los militantes del partido oficial contra medios de información y periodistas con calificativos como “oposición” y “cártel de la mentira”. Además, se menciona agresiones a periodistas y medios citando el impedimento de ingresar al TIPNIS para verificar obras viales, la persecución en esta región de la periodistas Beatríz Layme y el camarógrafo Álvaro Valero, la confiscación de la cámara de Agustín Mamani durante un conflicto en La Paz y la agresión al periodista Adolfo Yavari de Villa Montes al que un funcionario le cercenó el dedo de un mordisco por una supueta represalia a denuncias sobre contaminación del agua.