En base a un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, que evidenció que las personas con discapacidad (PcD) enfrentan diversos obstáculos y barreras en su acceso a la salud, ésta institución recomendó al Ministerio de Salud ampliar la regulación del trato preferente para precautelar su equiparación e igualdad. Emitió recomendaciones también para los gobiernos municipales y departamentales.

El informe defensorial "Acceso a la salud de las personas con discapacidad en el marco de la ley 475" fue realizado en las 9 capitales de departamento, y la ciudad de El Alto, donde se efectuaron verificaciones defensoriales a 29 hospitales públicos y 10 de la seguridad social. Evidenció que existen barreras físicas y arquitectónicas; limitaciones en la provisión de medicamentos a los beneficiarios de la Ley 475, sobre todo, a personas con trastornos de salud mental; dificultades de información y comunicación; y la exigencia de requisitos y formalismos como el carnet de discapacidad o las boletas de referencia y contrarreferencias.

Por ello, recomienda al Ministerio de Salud ampliar la regulación del trato preferente para precautelar la equiparación e igualdad de las PcD con el resto de las personas en el marco de la Convención sobre los Derechos de las PcD y la normativa nacional. Además, ajustar las Normas de Caracterización de Primer y Segundo Nivel en lo referente a los componentes físicos y funcionales de los establecimientos de salud en relación a infraestructura, equipamiento, medicamentos, insumos médicos y recursos humanos adecuados a las PcD.

Indica también que se debería regular las excepciones de requisitos para acceder a los servicios de salud para dejar sin efecto la presentación de boletas de referencia y contrareferencia para la atención de las PcD. Incorporar en la LIMANE los medicamentos e insumos necesarios para las poblaciones beneficiarias, específicamente para pacientes con discapacidad física y sensorial. E implementar el uso de lenguaje de señas en entidades formadoras del sector salud.

A las gobernaciones, recomienda fortalecer la carnetización de PcD a nivel nacional y adecuar la arquitectura de los centros de salud de tercer nivel para garantizar la accesibilidad a éstos. Además, capacitar al personal de salud y socializar la ley 475 y los derechos de las personas con discapacidad en su acceso a la salud.

Por último, recomienda a los municipios mejorar los medios de información dentro de los hospitales con instrumentos específicos para PcD y realizar las adecuaciones arquitectónicas necesarias en los centros de salud para garantizar su accesibilidad.