El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, pidió hoy que su sector sea incluido en la elaboración del Reglamento de la “Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica para Personas con Discapacidad”, que fue promulgada por el Presidente Evo Morales el pasado martes 26 de mayo, debido a que esta norma dispone que el 2% de los trabajadores de las empresas privadas pertenezcan a esta población o sean familiares o tutores.

“Nosotros valoramos la iniciativa que ha tenido el Gobierno en respuesta a su obligación de garantizar los derechos de las poblaciones vulnerables, y vamos a cumplir con esta norma; sin embargo, es importante que definamos claramente los mecanismos, responsabilidades y alcance de esta disposición, en lo que nos corresponde, de modo que se garanticen los derechos de todos y el Estado no se desentienda del tema”, afirmó.

Nostas agregó que es importante considerar que en las empresas privadas la generación de fuentes de trabajo “tiene que ver con la productividad, la seguridad jurídica y la inversión” y lamentablemente, dijo, “como empresarios tenemos problemas en esos ámbitos, debido principalmente a las trabas que nos pone el propio Gobierno, por lo que debemos buscar alternativas para cumplir con esta norma sin despedir personal”. 

Asimismo, explicó que el cumplimiento de esta norma puede demandar mayor esfuerzo para el sector de la industria, ya que la orientación de las actividades gubernamentales y de servicios son diferentes si las comparamos con las necesidades y capacidades requeridas por el aparato productivo.

Por otro lado, el dirigente nacional de los empresarios opinó que en el tema del empleo hace falta una verdadera política nacional que incluya todos los ámbitos y que mejore las condiciones de las empresas para que puedan generar más fuentes de trabajo.

“Tenemos leyes dispersas, incoherentes, inequitativas y hasta inaplicables que han sido creadas sin una orientación clara, muchas veces por presiones o demagogia, y en la mayoría de los casos resultan perjudiciales para el sector privado y para los propios trabajadores (...) el 70% del empleo es informal; el empleo de jóvenes y mujeres es precario, aumenta el desempleo y el Gobierno continúa sumando normas aisladas que contribuyen a este desorden”, aseveró.

Finalmente, dijo que esperarán hasta la siguiente semana la convocatoria del Ministerio de Trabajo para ser incluidos en la redacción del Reglamento en lo que corresponda a la responsabilidad de la empresa privada; caso contrario, lo solicitarán formalmente.