Morales niega que el Gobierno quiera confiscar empresas privadas
El Proyecto establece que los trabajadores activos de una empresa privada en proceso de quiebra, cerrada o abandonada puede crear una empresa social y adquirir su propiedad intelectual, marca y bienes.
El presidente Evo Morales reclamó lo que considera una mentira de los medios, y aseguró que es "falso" que el Gobierno pretenda confiscar empresas privadas, se refería al proyecto de Ley de Creación de Empresas Sociales que aprobó la Cámara de Diputados el lunes 15 de mayo y que provocó que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se declare en emergencia.
"Esta madrugada me sorprendió en medios de comunicación que el Gobierno nacional mediante un proyecto de ley estaría confiscando empresas privadas, es falso", afirmó durante la entrega de una Unidad Educativa en el Distrito 7 de Viacha. y añadió que "los obreros pueden convertir en empresa comunitaria, social, es su derecho, siempre y cuando paguen al empresario su costo”.
El Proyecto de Ley 218 de “Creación de Empresas Sociales”, aprobada este lunes por la Cámara de Diputados establece que una empresa social “es aquella constituida por los trabajadores activos de una empresa privada en proceso, en curso o finalizado, de quiebra, concurso o liquidación; cerrada o abandonada de forma injustificada, cuya finalidad es reactivar la producción, reorganizar y absorber la mano de obra, incursionando en el mismo mercado que la empresa original u otro similar, en defensa de sus fuentes de trabajo”.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se declaró en emergencia por el proyecto de ley y pidió al Senado que reconsidere varios artículos del proyecto, en particular el 4 y el 7 que en su interpretación establece como causal para crear una empresa social la disminución de las actividades productivas o el retraso en el pago de servicios, salarios y aportes a la seguridad social durante tres meses continuos.
"Es un despropósito tan grande que muestra el desconocimiento absoluto y eventualmente la mala fe del redactor de la norma, ya que presupone que los retrasos en los pagos implican el abandono de la empresa, cuando este problema puede deberse a múltiples factores con los que los empresarios lidiamos diariamente", dijo el presidente de los privados, Ronald Nostas.