Samuel Doria Medina junto a la Bancada de Unidad Nacional (UN) presentó al Senado un proyecto de ley para evitar que familiares de autoridades del Estado trabajen en la administración pública, evitando las “trampas” que se utilizan para eludir las prohibiciones ya existentes.

Se trata de un proyecto que incluye siete artículos que prohíben trabajar en la función pública a los  familiares con vínculos de hasta cuatro grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente, Vicepresidente, ministros y presidentes de las cámaras de Diputados o Senadores.

“Planteamos que los que no cumplan sean destituidos y sean sancionados mediante el Código Penal. Si se aprobaría esta ley, el Gobierno ganaría mucho y nos daría una señal muy positiva de cambio”, afirmó Doria Medina.

Se incluyeron dos excepciones, la primera cuando los familiares trabajan en el Estado con anterioridad al nombramiento. La segunda cuando se requiera contratar a personal especializado. En ambos casos se deberá emitir un decreto supremo.

La actual Ley del Funcionario Público y el Código Penal prohíben el parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad en las entidades públicas.

 "La presencia de parientes en funciones públicas, dificulta que las entidades cumplan los objetivos para los que fueron creadas. Entorpece la eficiencia de la gestión y a causa de la falta de conocimiento técnico especializado, perturba la disciplina laboral debido a la ausencia de imparcialidad del superior en un plano de igualdad sobre los servidores", afirmó.