El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la solicitud de una medida cautelar de prohibición de la aplicación del pre aviso contenido en el artículo 12 de la Ley General del Trabajo y el artículo único del Decreto Supremo 06813 de 1964. El objetivo es evitar que mientras se resuelve el recurso de inconstitucionalidad también presentado por la Defensoría se produzcan despidos usando este mecanismo.

Según informa el Defensor, a través de un comunicado de la institución, esta acción impide que los empleadores puedan rescindir contratos mediante el pre aviso, mientras el TCP emita una sentencia. “El procedimiento en este tipo de acciones dispone que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá la sentencia correspondiente dentro de los 45 días siguientes a la admisión (que puede ser en un tiempo menor si se imprime celeridad), por lo que esta medida precautelará que durante el tiempo, ninguna entidad pueda rescindir contratos laborales bajo la figura del pre aviso”, manifestó el Defenso.

La Defensoría incluye en la justificación presentada al TCP, que recibió una serie de denuncias individuales y colectivas de trabajadores y empleados, que manifiestan que sus empleadores les habrían notificado con cartas de pre aviso; a partir de la publicación de la Sentencia del 26 de agosto de 2016, que señala que el pre aviso es una modalidad de conclusión de la relación laboral cuando ambas partes están de acuerdo.

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Osvaldo Valencia, ratificó el jueves que las dos sentencias que restituyen el preaviso están vigentes y remarcó que su aplicación entra en vigencia siempre y cuando el trabajador acepte el preaviso.

Este no es el primer recurso que plantea la Defensoría ante el TCP, la semana pasada presentó un Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad, la demanda fue aceptada, Valencia informó que  tratándose de una norma la Asamblea Legislativa y el Presidente del Estado deben pronunciarse. "A partir de hoy corre el plazo de 15 días para que tanto la Asamblea Legislativa como el Presidente del Estado puedan presentar sus alegatos respecto a dicha norma y luego que se sortee el expediente el Tribunal Constitucional tienen 45 días para pronunciarse", puntualizó. 

La Central Obrera Boliviana (COB) determinó el jueves, en Sucre, durante su ampliado nacional, rechazar la sentencia constitucional de preaviso laboral; y determinó iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de la Sala Tercera, Ruddy Flores y Neldy Andrade, quienes denegaron la tutela de amparo constitucional, a quien se le aplicó el preaviso.

Este es el recurso planteado por la Defensoría: http://www.defensoria.gob.bo/draft/MEDIDA%20CAUTELAR%20PREAVISO.pdf