La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la demanda del ex gobernador de Tarija, Mario Cossío, contra el gobierno boliviano y le da 90 días para presentar una respuesta.  La denuncia acusa a las autoridades nacionales de violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Cumplo con informar a ustedes que mediante nota de la fecha se han remitido las partes pertinentes de su petición al Gobierno de Bolivia y se ha fijado un plazo de tres meses, contados desde la fecha de transmisión de la presidente comunicación, para que presente sus observaciones, conforme al artículo 30 del Reglamento de la CIDH”, establece la nota de la CIDH, firmada por  Déborah Benchoam en representación de la secretaría ejecutiva.

Según la demanda presentada por Cossío, fue víctima de un “derrocamiento”  en diciembre de 2010, en el marco de una “estrategia de eliminación de los líderes opositores”, sin que exista un argumento legal que lo inhabilite a ejercer el cargo, según afirma la ex autoridad. Cossío señaló que las suspensiones de esa época fueron “declaradas inconstitucionales” por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Cossío se declaró perseguido político y actualmente se encuentra refugiado en Paraguay.