Seis organizaciones de pueblos indígenas se reunieron el 3 de diciembre  y expresaron su “rechazo unánime” al proyecto hidroeléctrico Rositas. Los dirigentes de los Territorios Comunitarios de Origen (TCO) Kaguasaú, Iupaguarsú, el Comité de Defensa de la Tierra y el Territorio de la provincia Vallegrande, la comunidad Moroco Lajita y SOS Papapetí de Camiri, Codapma, denuncian que la represa afectaría el área protegida UNMI en Río Grande, Santa Cruz.

Acordaron hacer un pronunciamiento púbico “en rechazo unánime y total del proceso inconsulto de la construcción del proyecto por la afectación directa e indirecta”, manifestó Lourdes Miranda, Mburuvicha de infraestructura del TCO Kaguasaú.

Miranda sostuvo que realizaron una investigación y “vemos que el proyecto es muy catastrófico para el medio ambiente y hemos determinado que no vamos con la hidroeléctrica”. Señaló además que el Gobierno debe consultar antes si el proyecto va a afectar la vida cotidiana, esto en referencia a la firma de un contrato entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENDE) y la Asociación Accidental Rositas (AAR) de China el 15 de septiembre para su ejecución, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en funcionamiento, con una inversión de mil millones de dólares.

“En sí, ENDE nunca nos ha dado información correcta como nosotros le solicitamos”, explicó Olver Romero, Mburuvichá de Recursos Naturales y Medio Ambiente. El pasado 5 de octubre la comunidad Tatarenda pidió al Ministerio de Hidrocarburos y Energía un informe técnico y legal del proyecto Rositas. Romero asegura que el proyecto afectará a las personas que desalojarán las tierras y por la contaminación que habrá.

El proyecto se ubicaría en la confluencia de los ríos Rositas y Grande, en la región de Abapó y afectaría a los municipios cruceños de Gutiérrez, Cabezas, Vallegrande, Postrervalle y Lagunillas. Se estima que generaría una potencia de 400 MW.