El accidente de la empresa LaMia del pasado 28 de noviembre, dejó una serie de irregularidades que fueron advertidas por medios de comunicación y expertos en el tema aeronáutico. Entre éstas se hallan: la falta de combustible como causa del accidente, la insuficiencia de la póliza para pagar las indeminizaciones a todos los familiares, la posibilidad de que los aeropuertos bolivianos pierdan la categoría 1 e irregularidades sobre sus licencias de funcionamiento. Por primera vez LaMia emitió un pronunciamiento oficial sobre el accidente.

De acuerdo al abogado especialista en seguridad, defensa y desarrollo, Omar Durán, los resultados de las investigaciones que realicen la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrían quitarle la categoría 1 a Bolivia. Esto debido a la autorización de vuelo que dio la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) pese a las autorizaciones de una funcionaria de AASANA, la posible falta de combustible y demás deficiencias en el vuelo.  Durán, en una entrevista con Los Tiempos, aseguró que la DGAC debería haber prohibido la salida del avión, “alertando que no cuentan con la capacidad de hacer vuelo de esa distancia”. Aseguró también que AASANA no tienen tanta responsabilidad porque ellos realizaron las observaciones y recomendaciones, pero que la DGAC no debería haberles dado la autorización de despegue.

Por su parte, el Ministro de Planificación, Milton Claros, aseguró que no hay riego de perder la categoría porque están relacionadas con un tema técnico y no con la administración de los aeropuertos”.

La categoría 1 de la Evaluación Internacional de Seguridad en materia de Aviación (IASA) otorga el permiso para que las líneas puedan establecer servicio hacia Estados Unidos y tener los códigos de las líneas de ese país.

SEGURO

Sobre el seguro, han surgido dos críticas, una de un experto en accidentes aéreos que se contactó con la BBC; otras del periódico brasileño Folha de Sao Paulo sobre las cláusulas de la póliza. El abogado James Healy-Pratt, quien trabajó en acordar montos en otros accidentes aéreos, señaló que se necesitan 250 millones de dólares, y que el seguro de LaMia cubra sólo 25 millones, “con esta cantidad, no habrá suficientes fondos para cubrir los daños”, dijo Healy-Pratt a la BBC.

Por otro lado, la Folha de Sao Paulo publicó que la póliza tiene dos cláusulas de exclusión, que eximen a la aseguradora del pago de la cobertura en caso de negligencia y omisión del operador. En este caso la negligencia sería la falta de combustible en el avión, ya que las autoridades establecieron que el tanque estaba vacío al momento del impacto. Sin embargo, este punto aún no está claro, ya que el análisis de la caja negra podría durar hasta seis meses, y recién con ello se conocería las causas del accidente.

 Bolivia es parte de los 140 paises que acordaron responsabilizar a la aerolíneas por los accidentes aéreos y que establecen que el pago a los familiares y las víctimas debe ser de 170 mil dólares como mínimo para cada víctima.

OTRAS IRREGULARIDADES

Entre otros cuestionamientos a las operaciones de la empresa, está que la aerolínea haya obtenido su licencia de operaciones de la DGAC, pues el director de esta entidad, Gustavo Steven Vargas Villegas es el hijo del director general de la línea aérea, Gustavo Vargas Gamboa. Asimismo, el periódico cruceño El Deber, reveló que LaMia no está inscrita en el Registro Obligatorio de Empresas (ROE) del Ministerio de Trabajo. En el cual todos los empleadores debe figurar de acuerdo al DS. 0288.

La aerolínea LaMia Coportation SRL publicó en su perfil de Facebook, un comunicado seis días después del accidente. En éste la empresa expresa su “profundo sentimiento de dolor por la pérdida de pasajeros y colegas del vuelo LM2933” y se solidariza con las familias de las personas fallecidas y heridas. Manifiesta además que están haciendo “todo lo que está a nuestro alcance para buscar el bienestar de todos y cada uno de los afectados” y que colabora con las autoridades pertinentes tanto de Bolivia como de otros países para comprender la causa de la tragedia. El documento termina asegurando que se mantendrá informada a la opinión pública “a medida que vaya surgiendo una nueva información”.