CIDOB denuncia a gobierno boliviano ante la OIT
La CIDOB denuncia la vulneración del Convenio 169. El dirigente Adolfo Chávez informó que el contenido se refiere a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB) presentó una denuncia contra el Gobierno boliviano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la vulneración del Convenio 169. El dirigente Adolfo Chávez informó que el contenido del Convenio se refiere a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
Chávez indicó que los asuntos expresados en el documento son: la represión de Chaparina y la de Takovo Mora, ambas por pedir consulta previa, la division del movimiento indígena y la posible presencia de pueblos no contactados en el norte de La Paz. La denuncia presenta como soporte el informe de la Defensoría del Pueblo sobre Pueblos Indígenas.
Chávez mostró su preocupación por los pueblos indígenas no contactados pues considera que “están indefensos” y criticó que a pesar de que la empresa que realiza la exploración de hidrocarburos habría advertido la presencia de estos pueblos en aislamiento voluntario, las autoridades “ahora aseguran que no hay”.
El documento presentado a la OIT el 31 de octubre fue firmado por Adolfo Chávez, Tomás Candia, Yudith Rivero, Vilma Mendoza y el presidente de la Subcentral de Comunidades Indígenas Tacana II Rio Madre de Dios (CITRMD), Rolando Justiniano. El dirigente informó que se designará a un “hermano indígena” para hacer seguimiento a la denuncia.
El Convenio 169 reconoce el derecho pueblos indígenas a decidir “sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo” y de controlar “su propio desarrollo económico, social y cultural”. Asimismo, establece que los gobiernos deben “velar porque … se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la evidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente de que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos”. Este convenio fue ratificado por Bolivia en la Ley 1257 del 26 de agosto de 1991.
Asimismo, el presidente de la CIDOB no reconocida por el gobierno anunció que la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), podría ratificar esta denuncia. Esto porque estos temas han sido tratado en la II Cumbre Amazónica realizada en Lima entre el 27 y 28 de octubre. Chávez informó que la delegación boliviana ha presentado su informe para la COICA y que las recomendaciones de la Cumbre se realizaron en base a los informes de cada país.
En el primer punto del mandato de la Cumbre está establecido que se debe denunciar ante la OIT y ante la Organización de Naciones Unidas las violaciones en los países amazónicos, entre los que se encuentran la división de las organizaciones del TIPNIS “Intervención de la OIT y ONU sobre las denuncias de violaciones en los países amazónicos, especialmente Venezuela (Salud, Educación, Arco Minero del Orinoco y minería ilegal), Bolivia (división de organizaciones, TIPNIS) , Brasil (retrocesos de derechos indígenas con PEC215, PL 1610, PEC 241) y Colombia (participación indígena amazónica en proceso de paz)”, dice el documento.
MANDATO DE LA III CUMBRE DE LA COICA
El Mandato de la cumbre de la COICA también establece determinaciones sobre los pueblos en aislamiento voluntario porque “representan la má genuina expresión de la autonomía y la libre determinación de nuestros pueblos” y demandan que los Estados garantizan la intangibilidad de sus territorios y los responsabilizan por actividades extractivistas. Menciona específicamente el caso boliviano pidiendo que “se adopten acciones jurídicas, sociales y administrativas, y en ese marco, instamos al Gobierno Boliviano, a garantizar la integridad y los derechos de los pueblos aislados existentes dentro de la TCO Tacana II”, en su punto número 3.
La COICA está conformada por nueve paises: Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Venezuela y Surinam. El Mandato de su cumbre tiene 10 puntos en los que se pide que los gobierno respeten la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas y se resalta la labor de éstos en la preservación del medio ambiente. El principal representante de Boliva en esta organización es la CIDOB, pero también, se toma en cuenta a la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), la Sub Central del Territorio Integral Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y al Territorio Comunitario de Origen Tacana II.
Chávez añadió que celebran que la Corte Internacional de Justicia haya abierto la posibilidad de inicar procesos a gobiernos y corporaciones por la violación de los derechos ambientales, “nos cae bien”, manifestó, añadiendo que tratarán de impulsar a nivel internacional las demandas del movimiento indígena boliviano.