El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, afirmó este jueves que en el conflicto entre mineros cooperativistas y la policía existió la vulneración de derechos tanto de mineros y de efectivos policiales como de particulares y que se evidenció que los jefes policiales portaron armas de fuego, a pesar de que estaba prohibido. También recomendó al Ministerio Público que realice las investigaciones necesarias y objetivas y al Comando de la Policía Boliviana que inicie los procesos disciplinarios que correspondan.

Según el informe defensorial los policías no tenían la dotación de equipos, medios y transporte para efectivizar las operaciones policiales con seguridad. Además habrían participado en las operaciones 135 mujeres a pesar de el Plan de Operaciones N° 19/2016, dispuso que el personal femenino por ningún motivo deberá ser incluido en los servicios extraordinarios “antimotines”. También observa la aplicación de agentes químicos vencidos, que afectan a la salud de las personas y de la misma Policía Boliviana.

En conclusión, la Defensoría señala al alto mando jerárquico policial como responsable de la vulneración de los derechos humanos de los policías, pues no hubo una correcta previsión, planificación y ejecución para las operaciones, por lo que los efectivos se expusieron a la violencia de los civiles.

En el informe del Defensor, se mencionan a 7 jefes policiales que portaban armas durante el conflicto en Panduro. Tezanos mencionó a: el Comandante Departamental de Policía - La Paz, Cnel. José Luis Araníbar, que se encontraba en Panduro portando arma de fuego reglamentaria el 24 de agosto; el Cnel. Juan Carlos Flores Flores; el Tcnl. Richard Gustavo Olivares Coss; el My. Juan Carlos Vega Gareca; el My. Juan Javier Salgueiro Hurtado; el My. Yoshiro M. Armentia Escobar; y Walter Laguna Saavedra, que se encontraban el 25 de agosto en la localidad de Panduro con armas de calibre 9 m.m.. 

El Defensor recordó que el Estado tiene la obligación de investigar la muerte de los 4 mineros cooperativistas por impacto de bala, Severino Ichota Poma, Fermín Mamani Aspeti, Rubén Aparaya Pillco, y Pedro Mamani Massi.

RECOMENDACIONES

El informe plantea 8 recomendaciones, 7 se refieren a los organismos del Estado y una a los cooperativistas mineros:

1. Al Ministerio de Gobierno que entregue la dotación debido de equipos de protección de calidad, como ser escudos, chalecos antibalas, cascos e instrumentos no letales, a los miembros de la Policía Boliviana en intervenciones en conflictos sociales.
2. Al Comando General de la Policía Boliviana, que imparta cursos a sus miembros sobre Código de Conducta, Derechos Humanos, Tácticas y estrategias, Técnicas de control de multitudes y alivio de estrés personal.
3. Al Ministerio Público que realice las investigaciones necesarias y objetivas en torno a los diferentes hechos acaecidos en agosto de 2016.
4. Al Ministerio de Justicia, generar e implementar medidas de reparación integral, considerando la asistencia psicoterapéutica a las víctimas y a las familias de las víctimas y la indemnización pecuniaria.
5. Al Comando General de la Policía Boliviana, velar por el inicio de los procesos disciplinarios que correspondan a miembros de la Policía Boliviana.
6. Al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana, adoptar las medidas necesarias para evitar represalias psicológicas, físicas, morales, académicas, laborales, administrativas o de cualquier otra índole, directas o indirectas, así como cualquier sanción que vulnere los derechos de las personas que colaboraron, colaboraran o colaboren en la investigación de los hechos.
7. Al Ministerio de Gobierno y al Comando General de la Policía Boliviana, velar por la no utilización de agentes químicos vencidos, considerando la posibilidad de proceder en su caso al descarte de aquellos que puedan poner en riesgo la salud por la misma razón.