De las 107 personas vinculadas a los Papeles de Panamá, sólo 20 hicieron sus trámites en la embajada boliviana en Panamá de acuerdo al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, en su informe oral  ante la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Comunicó además que la Fiscalía está esperando información de la Procuraduría de Panamá para iniciar su investigación.

“De la información que hemos pedido a la Embajada (de Bolivia en Panamá) solo 20 han pasado por la Embajada para legalizar los poderes, documentos, el resto, no; no ha pasado”, afirmó. De acuerdo a la información que tienen, las firmas nacionales usaron documentación falsa o alterada y otras no realizaron trámites en la legislación boliviana. “Será la investigación y la apertura de los casos y los procesos que irán determinando si hubo estos documentos fraguados o falsos, como la participación de estos consorcios y bufetes de abogados que en muchos casos solo eran los tramitadores”,  señaló Guerrero.

El Fiscal comunicó que aún no se ha abierto la investigación en el Ministerio Público pues se está en la etapa de recolección de documentos, incluyendo información otorgada por la República de Panamá. La Procuraduría de este país se habría comprometido en la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana a entregar la información necesaria si los ministerios públicos lo requieren. "Como ministerios públicos tenemos una instancia de intercambio de información, de cooperación, entonces eso hay que agilizarlo (...) Panamá manifiesta su total predisposición para facilitar, para entregar la información que así requieran los países asociados en cuanto a Ministerios Públicos", agregó.

Añadió que el Ministerio Público solicitó información a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), de la Unidad de Información Financiera (UIF), Fundempresa, Impuestos Nacionales sobre las personas implicadas en el caso. 

El escándalo de la filtración de los documentos del estudio de abogados Mossack Fonseca estalló en abril del 2016 y figuran 95 empresas bolivianas. La oficina de abogados supuestamente se especializaría en crear empresas y sociedades que se benefician de paraísos fiscales.