La Fiscalía Departamental de Santa Cruz presentó al Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar una acusación formal contra el gobernador Rubén Costas Aguilera, y algunos funcionarios de la Gobernación. El secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, aseguró que se trata de un intento de evitar que se presente como candidato.

Costas, Roly Aguilera Gasser, José Luis Parada Rivera, son acusados por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.; Miriam Cecilia Limpias Torres y Fernando Soria Galvarro Bort por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y falsedad ideológica.

"(Estas acusaciones) demuestran y reafirman que lo que hemos venido sosteniendo es que son procesos absolutamente políticos y hemos demostrado a través de 11 razones que la compra de 40 camionetas es lícita, la intención es inhabilitarlo para las elecciones del 2019", dijo a los periodistas.

ACUSACIÓN 

Según la Fiscalía, en la gestión 2006 se aprobó el POA para la gestión 2007 en el que se programó la compra de 2 camionetas, 1 vagoneta y 20 motocicletas, con la partida presupuestaria 43300, bajo el financiamiento de recursos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).

Sin embargo, Costas habría dejado sin efecto lo programado en  2007 y procedió a la compra de 40 camionetas doble cabina, por 6.030.320 bolivianos con la partida que estaba destinada al Programa de Seguridad Ciudadana de la entonces Prefectura del Departamento.

El fiscal Osvaldo Dante Tejerina explicó que después de haber invertido el dinero que estaba destinado a la partida de Seguridad Ciudadana, en algo que no estaba contemplado en el POA 2007, se intentó justificar esa compra con el Decreto Supremo 29013, de 18 de enero de 2007, que declaraba emergencia nacional por los desastres naturales ocasionados por los fenómenos del Niño.

"Como efecto por haber afectado la partida presupuestaria de seguridad ciudadana, se ha dejado de invertir en Planes y Programas de Seguridad Ciudadana que busquen la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia durante la gestión 2007. Además, esos vehículos, fueron transferidos a unidades organizacionales de la entonces Prefectura que no tienen ninguna relación con seguridad ciudadana ni con atención de desastres”, explica el boletín de prensa de la Fiscalía.