Pablo Villegas, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) identifica inconsistencias en la lista de contratos observados que se habrían firmado entre cooperativistas y empresas privadas: y que podrían ser revertidos por el Estado. Además cuestionó que exista una política minera en el país.

Sobre el número de contratos meciona: “podrían ser los 31 (contratos), pero por otra parte tenemos la información de COMIBOL que dice que sólo son 7, de esos sólo dos están vigentes y de esos uno está en proceso de resolución por incumplimiento de contrato”. Además, en su artículo titualdo El Gobierno y la reversión de nadie sabe cuántos contratos mineros,  publicado por el CEDIB, Villegas critica que 5 contratos ya no están vigentes y 4 presentan datos incompletos “como si el gobierno no tuviera realmente los contratos en sus manos” manifiesta. 

El autor atribuye estas  inconsitencias a “no tener la información ni haberse preocupado por actualizarla y corregirla”, y que son una muestra de la falta de un política minera “porque no puede haber política minera si por lo menos no se cumple mínimamente con el manejo de la información”. Argumenta que el gobierno redujo el rol del Estado al cobro de impuestos y regalías confiando en la inversión externa,  “el desarrollo de proyectos mineros del sector estatal se ha orientado por objetivos electoralistas y otros intereses que no tienen relación con ningún enfoque sistemático de la problemática minera, menos con una política minera”.

El artículo señala también que algunas empresas mencionadas tienen el registro cancelado o son de “dudosa existencia” como la Sociedad RuiHua Exploración y Explotación de Recursos minerales de Bolivia S.R.L “que no aparece registrada en ninguna parte”. Califica a estas empresas como de “poca imporancia”. 

 Consultado sobre esta apreciación, dice “son de poca importancia en relación a lo que pretendió el gobierno. Son de poca importancia también en el mundo de la minería empresarial. La presencia de este tipo de empresas muestra parte de un problema estructural de la minería; que las concesiones se encuentran en manos de sectores ineficientes y frente a estos el peso del Estado, tanto para regular como para producir, es digna de lamentar”.

Informa que la lista compromete a 31 cooperativas que hacen el 1,8% de las 1700 existentes, “si esa es la cifra, entonces es tiempo de que se atiendan problemas más serios de la minería incluyendo otros problemas de las cooperativas como el sistema de empleo, el pago de impuestos, capacidad productiva, comercialización de sus minerales, etc. Problemas cuya persistencia deja en claro que el Gobierno no sabe qué hacer con las cooperativas” manifestó.

Asimismo comenta sobre las medidas a tomarse con las empresas implicadas en los contratos con las cooperativas. Hace referencia a una declaración del Vicepresidente de Estado ante la cadena Telesur en la que dijo: “la empresa que produce seguirá produciendo, los obreros que están trabajando en esa empresa seguirán trabajando, pero ese falso cooperativista... ese ya no tiene el contrato”. Sobre esta declarción sugiere que pueden hacerlo para evitar los problemas sociales y económicos que trae el paro de actividades en una empresa. Sin embargo, califica de “aberración jurídica”  el hecho de sancionar sólo a los cooperativistas “si hay delito este fue cometido por ambas partes, por las cooperativas y las empresas no se puede castigar solo a una” alega.

Villegas es investigador de CEDIB y ha trabajado en el área de recursos naturales, políticas petroleras y mineras.