La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó  a la Asamblea Nacional (AN) realizar una consulta popular a escala nacional de los proyectos de ley para que estos puedan ser llevados a segunda discusión en el legislativo.

El TSJ tomó la decisión después de admitir el pedido de inconstitucionalidad de la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento, presentado el 9 de marzo de 2011.

El magistrado Juan José Mendoza informó que la Constitución Bolivariana de Venezuela, en su artículo 211, establece: "La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos". Y, así es ratificado por el referido reglamento.

La Sala Constitucional, asimismo recordó que, de acuerdo con la Carta Magna y al Reglamento de Interior y de Debate de la AN, todo proyecto de ley debe contener, además de la exposición de motivo, el informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica.

Tales medidas cautelares las acordó la Sala mientras se decide jurídicamente sobre el fondo del recurso de nulidad interpuesto por los opositores. 

LA ASAMBLEA NACIONAL OPOSITORA

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, ya había alertado sobre que la Sala Constitucional estaba elaborando una ponencia contra la enmienda constitucional, que reduciría a cuatro años el mandato del presidente Maduro. Esta determinación también frena la Ley de Referendo que norma una consulta para revocar el mandato del presidente en el plazo más breve posible.

Para los opositores, el TSJ emite sentencias con el objetivo de frenar la generación de leyes en las que trabaja la Asamblea Nacional y esto representa un conflicto de poderes.