La mañana de este viernes, 4 de marzo, la Policía Federal de Brasil realizó diversos allanamientos, en las casas del expresidente Lula en Guarujá y Atibia, también se allanó la casa de su hijo Lula Fabio Luiz en san Pablo; y la sede del Instituto Lula y oficinas de la constructora Odebrecht.

Como parte del operativo Lula fue llevado a declarar “coercitivamente”, también se traslado al presidente del InstitutoLula, Paulo Okamotto. 

El objetivo de la investigación es descubrir todas las implicaciones en el  esquema de sobornos que grandes constructoras pagaban a directivos de Petrobras a cambio de contratos con la petrolera estatal.

Los fiscales del caso  incluyeron a Lula cuando descubrieron que la constructora OAS había pagado por un departamento tríplex que el expresidente tendría en Guarujá, en el litoral del estado de San Pablo, y que Odebrecht había realizado reformas a una casa de campo que el ex mandatario utilizaba en Atibaia, en el interior paulista.

A las seis de la mañana de hoy, agentes federales llegaron a la casa de Lula en São Bernardo do Campo; y lo llevaron a presentar su declaración en la sede de la Policía Federal, en el aeropuerto de Congonhas, la terminal metropolitana de San Pablo. Lula podría ser detenido después de prestar su declaración; si esto ocurre el impacto para el gobierno de Rousseff sería enorme.

 Cuando se conoció la noticia varios sindicatos de trabajadores llegaron hasta la casa del expresidente para protestar y demostrar su apoyo a Lula. En cambio, la presidenta Dilma Rousseff aun no se ha pronunciado. Mientras, su abogado presentó un recurso de hábeas corpus.

Un día antes, la revista Istoé informó que el senador Delcídio Amaral, detenido en noviembre por su participación en la red de sobornos, aseguró que la presidenta Rousseff y Lula  conocían el esquema de coimas y sobrefacturación dentro de Petrobras; y que Rousseff utilizó su poder para evitar la investigación. Ambos rechazaron las acusaciones.