La Paz, 20 de febrero (Oxígeno).-   Unidad Nacional (UN) presentó este  sábado en Sucre,   la denuncia por el audio difundido, supuestamente, por  funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos en el que estarían recibiendo ordenes, del jefe de la unidad de recursos humanos y administrativos, el Lic. Lidio Corvera, para  anular las mesas en el caso de que la opción “ No” se imponga este domingo, 21 de febrero.

En entrevista con el periódico digital Oxígeno.bo, el delegado de Unidad Nacional (UN), Francisco Aramayo, aseguró que se adjunto el audio  de la conversación  que tuvieron 25 funcionarios del  Ministerio de Hidrocarburos con el jefe de Recursos Humanos y Administrativos, Lidio Corvera Tarifa, el viernes 19 de febrero.

En el audio que circula por distintos grupos de Whtasapp se escucha, que Corvera instruye  lo siguiente: “Si en tu mesa has perdido, es decir el margen es largo, para qué vas a discutir, es imposible, si tú ves que, digamos, ojalá no se dé, el No (tiene) 65% y tú 30%, para qué vas a pelear, te vas a hacer sacudir. Pero si estás 40-41%, ahí hay que ver a como dé lugar revertir la cosa, observar, colocar cualquier cosa, inventarse”.

Al respecto el delegado de UN, explicó que lo realizado por el funcionario del Ministerio de Hidrocarburos es  considerado un delito electoral   y las sanciones al que puede ser sometido Corvera  son: “desde la inhabilitación hasta la sanción más  grave  como ser la  prisión”.

Por su parte, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni,  indicó que tomó  conocimiento del audio a través de las redes sociales y medios de comunicación. Comprometió hacer un análisis de la denuncia en Sala Plena.

“Vamos a tramitarla, previo  informe jurídico y técnico  y después  Sala Plena  tomará conocimiento  para definir lo que corresponda. Obviamente no puedo verter ningún criterio  para no inhabilitarme en mi decisión en Sala Plena”, indicó el vocal del TSE a Oxígeno.bo.

El  inciso a)  del  Art. 238 de Ley de Régimen Electoral establece que: “ La autoridad, servidora pública o servidor público que dicte convocatoria a un proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato, de alcance nacional, departamental, regional o municipal  o emita instrucciones contrarias a la Constitución Política del estado o a la Ley; o ejecute o hiciera ejecutar dichas instrucciones, será sancionada con la pena privativa  de libertad de dos (2) a cinco (5) años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública”.

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