La Paz, 15 de diciembre (Oxígeno).- El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la noche de este viernes la autorización del juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sanchez de Lozada, conocido en el país con el sobrenombre de Goni por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito por el caso denominado ENFE.

Este 15 de enero, diputados y senadores participaron en la décima novena sesión ordinaria del Legislativo en el hemiciclo de la Cámara de Diputados para clausurar la Legislatura 2015-2016 con la consideración de los informes de la Comisión de la Comisión Mixta de Justicia Plural y de la Comisión Mixta de Investigación sobre el Proceso de Privatización y Capitalización de Empresas Públicas entre 1989 – 2000.

El 13 de enero de 2015, la comisión de investigación del proceso de capitalización emitió un informe que involucra al expresidente de la Republica, Gonzalo Sánchez de Lozada, el exministro de Gobierno Sánchez Berzaín y el empresario Samuel Doria Medina, y otras 10 exautoridades en los casos ENFE y Fundapro.

La proposición acusatoria de la comisión legislativa de investigación establece que el 8 de octubre de 1992, el ministro de Planeamiento y Coordinación de entonces, Samuel Doria Medina, y su director de la Unidad de Coordinación del Proyecto Formación de Capitales en Áreas Secundarias (UCP-FOCAS), Arturo Caballero, otorgaron en préstamo de $us 21.061.277,70 a la Fundación para la Producción (Fundapro).

El informe destaca que esos recursos eran provenientes de la cartera del proyecto FOCAS y otros recursos para las unidades crediticias financieras, dependientes de las corporaciones regionales de desarrollo, ejecutaban mediante créditos otorgados a productores de poblaciones rurales y periurbanas.

En el caso están implicados las siguientes personas: Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sanchez Berzaín, Samuel Doria Medina, Reynaldo Peters, Fernando Illanes, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escobar Llanos.

El caso Focas no es el único que fue investigado por la Comisión Mixta de Investigación sobre el Proceso de Privatización y Capitalización de Empresas Públicas, también trató el caso la privatización de la empresa de ferrocarriles ENFE - Red Andina.

El informe que fue tomado en cuenta por la Comisión de Justicia Plural indica que el 12 de marzo de 1996, la junta extraordinaria de accionistas con el respaldo del entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, decidió otorgar ENFE-Red Andina a la empresa chilena Cruz Blanca por un monto de $us 13.251.000 cuando en realidad tenía un costo de 137.132.200 dólares.

En la lista de acusados en el caso figuran los siguientes nombres: Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos Sanjinés, Fernando Candia Castillo, José Luis Landivar y Rolando Suárez Montoya.

El Fiscal General sobre la base de los elementos adjuntos a la Proposición Acusatoria así como de otros indicios, acumulados durante la fase de acumulación de antecedentes, atribuyó provisionalmente al denunciado y exPresidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, la comisión de los tipos penales mencionados.

Con todos esos antecedentes, la Comisión de Justicia Plural sugirió este viernes, según su informe, ante el pleno: “AUTORIZAR EL JUZGAMIENTO DEL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA GONZALO DANIEL SÁNCHEZ DE LOZADA SÁNCHEZ BUSTAMANTE, quién al momento de la presunta comisión de los hechos delictivos acusados, tenía la indicada calidad, gozando en ese sentido de Privilegio Constitucional para su juzgamiento penal”.

Asimismo estableció que será potestad del Fiscal General del Estado, decidir el enjuiciamiento de terceros implicados, en la vía que corresponda.

Gonzalo Sánchez de Lozada, llamado también como Goni, es recordado por los hechos ocurridos en 2003, caso conocido como “Octubre Negro”, por el cual también se le sigue un juicio de responsabilidades. Aquel entonces, la población se sublevó en rechazo la exportación de gas a Chile. Esa situación lo llevó a resistir las protestas sociales con la acción de las FFAA dejando alrededor de 64 muertos y más de 400 heridos.

Gonzalo Sánchez de Lozada fugó a EEUU el 17 de octubre de 2003 y actualmente es acusado por genocidio y violación de los derechos humanos. Ante la dimisión, Carlos Mesa, quien era el Vicepresidente tomó las riendas del país.

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