La Paz, 21 de diciembre (Oxígeno).- El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos, aseguró hoy que los ataques y las denuncias genéricas en materia de corrupción afectan la imagen y la estabilidad institucional del Órgano Judicial y debilitan los niveles de seguridad jurídica que tiene el Estado boliviano en el concierto internacional.

Berríos dijo que su Presidencia ve “con profunda preocupación las últimas declaraciones realizadas por líderes de opinión a distintos medios de comunicación referidas a la existencia de “poderosos consorcios de abogados, policías, fiscales y jueces” quienes logran fallos en los juzgados de materia penal, civil y laboral entregando “sumas millonarias”.  

“Valoramos en alto grado y compartimos las preocupaciones en sentido de que en el país hace falta un mecanismo más eficiente de lucha contra la corrupción para mejorar el sistema de administración de justicia y de la administración pública en general”, aseguró. Y precisó: “Empero diferimos con las acusaciones generalizadoras focalizadas contra el Órgano Judicial porque la inconducta, los errores y/o delitos cometidos por algunos funcionarios jurisdiccionales son producto de una actitud y decisión personal y no institucional porque las instituciones no cometen faltas ni delitos, sino las personas”.

Aseguró que los vocales y jueces de carrera del Tribunal de Justicia de La Paz piden a los que denuncian inconductas o comisión de delitos “precisen e individualicen para iniciar las investigaciones respectivas de modo que los responsables sean sancionados como manda el marco jurídico y disciplinario. 

A título de “falta de garantías no es posible mantener en secreto una supuesta lista –que seguramente está acompañada de pruebas– porque actitudes de esa naturaleza tienen un solo destino: encubrimiento y, esto sí es un delito y tiene una penalidad”.   

Berríos dijo que las denuncias generales/no personalizadas, profundizan la afectada imagen institucional de la justicia boliviana que, a su vez, tiene repercusión en el prestigio internacional del Estado boliviano y, sobre todo, debilitan los niveles de seguridad jurídica, a cuya preservación, los vocales y jueces de carrera eficientes, comprometidos con el país y que obramos de acuerdo a ley y a los estándares de la ética profesional, estamos contribuyendo”.   

 “Por la delicadeza de esta problemática  que en las últimas horas  ha provocado un mayor daño a la imagen del Órgano Judicial y como Presidente de este Tribunal preocupado y obligado a defender, mejorar y evitar mayores  consecuencias contra los administradores de justicia, cuya mayoría desempeña sus funciones con honestidad y eficiencia, pido que las denuncias no sean genéricas”, sostuvo.

La autoridad de la justicia paceña lamentó que en los últimos años el Consejo de la Magistratura haya designado casi al 70% de nuevos jueces al margen de la carrera judicial y que entre los casos de denuncia de corrupción figuren algunos de los designados que luego son destituidos por el mismo Consejo. “Debe retomarse el camino de la carrera judicial y reajustar los mecanismos de designación para garantizar los niveles de profesionalidad y honestidad”, afirmó.

Recordó que cuando se presentan denuncias de corrupción contra cierto personal jurisdiccional o administrativo de la justicia, su autoridad pide informes pormenorizados para remitirlos a las instancias disciplinarias o solicita la renuncia de los involucrados para evitar mayor deterioro de la imagen institucional.

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