La Paz, 08 de septiembre (Oxígeno).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) respondió el lunes al alcalde Luis Revilla, quien reclamó que el reglamento de propaganda para procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato ponga limitaciones a alcaldes y gobernadores para opinar sobre estatutos autonómicos.

El numeral II del Artículo 4 del reglamento para la difusión de propaganda electoral en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato establece: “Para la socialización e información sobre las normas, políticas o asuntos de interés público sometidos a referendo, están habilitados y autorizados: Asambleas Legislativas Departamentales, Asambleas Regionales, Concejos Municipales y Órganos Deliberativos solicitantes del referendo, además de otras entidades vinculadas con el tema de la consulta”.

Ante estas observaciones, Antonio Costas, vocal del TSE, envió una misiva a Revilla en la que le explica que está habilitado para opinar y difundir el estatuto autonómico paceño.

En la carta, la autoridad electoral indica que el reglamento para la socialización e información sobre normas, política o asuntos de interés público sometido a referendo están habilitadas y autorizadas, además de los órganos deliberativos, “…otras entidades vinculadas con el tema de la consulta”.

“En este contexto, al estar vinculado con el tema del Referendo del próximo 20 de septiembre, es evidente que el Gobierno Municipal Autónomo de La Paz puede realizar la socialización e información sobre el Estatuto Autonómico de La Paz y puede generar espacios de discusión e información sobre el proceso de consulta y acerca de los contenidos del citado Estatuto Autonómico, observando que no se vulnere las prohibiciones establecidas por ley y la reglamentación, donde los servidores públicos están prohibidos de realizar campaña y propaganda electoral”, se lee en parte de la misiva.

El alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, optó en la vispera por presentar una Acción de Amparo Constitucional contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque considera que un reglamento vulnera el derecho de burgomaestres y gobernadores a opinar sobre el tema de los estatutos autonómicos.