Redacción Oxígeno
05/09/2015 - 15:13

El municipio de Portuachuelo no tiene dinero, porque su alcalde presentó libreta militar falsa

El Artículo 234 de la Constitución Política del Estado establece como requisito la libreta de servicio militar para acceder a cargos públicos.

La Paz, 05 de febrero (Oxígeno).- El ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado, informó que el alcalde electo de Portachuelo, Juan Carlos Borja, cuenta con una libreta de servicio militar falsa, por lo tanto se congelaron las cuentas del municipio.

“El Ministerio de Defensa confirma y establece que no existe la libreta en el registro, por tanto ha sido anulada. En ese sentido, el Ministerio de Autonomías gestionó el trámite para el congelamiento de trámites del municipio de Portachuelo”, explicó Siles.

La autoridad explicó que el Artículo 234 de la Constitución Política del Estado establece como requisito la libreta de servicio militar para acceder a cargos públicos.

“El señor Borja tiene un proceso que le sigue el Ministerio Público, razón por la cual la situación del alcalde Borja se ventila en la justicia”, explicó el Ministro.

Añadió que Nivel Nogales, juez de Portachuelo, de manera inexplicable tomó juramento y posesión a Borja en fecha 11 de mayo de 2015, faltando 20 días para la finalización del mandato de las anteriores autoridades municipales, cuando recién en la sala del Tribunal Departamental de Justicia señaló que la posesión debía hacerse el 29 de mayo.

“El tomar posesión faltando 20 días es absolutamente irregular, esta posesión fue anulada, pero de manera inexplicable el mismo juez le tomo de nuevo juramento el 19 de agosto, se entenderá que hay una situación de ingobernabilidad, en Portachuelo hay una autoridad que no ha perfeccionado sus trámites de ley para poder ser titular de la firma de alcalde municipal de Portachuelo”, manifestó el Ministro.

El ministro Siles apeló al Decreto Supremo 27848, que regula la Inmovilización de los Recursos Fiscales Municipales, que en su artículo sexto establece las causales para inmovilizar cuentas fiscales en aras de precautelar los recursos públicos.

“Entenderán que como Estado no podemos autorizar la habilitación de cuentas a un ciudadano que sí es autoridad electa, pero no perfeccionó sus trámites y tiene como principal obstáculo haber presentado una libreta de servicio militar falsa”, argumentó la autoridad autonómica.

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