La Paz, 30 agosto (Oxígeno).-     La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) anunció este domingo que iniciará movilizaciones y que presentará una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos  Humanos ( CIDH),  tras que el gobierno mediante Decreto Supremo 2493 decidió excluir a tres de sus organizaciones afiliadas en la creación del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena.

La Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) y la Asamblea de Pueblos Guaranis (APG) quedaron al margen del nuevo Fondo Indígena.

Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB, calificó la actitud del gobierno de "revanchista”. Lamentó que no se hayan consultados a los dirigentes de las tres organizaciones sobre su exclusión, dijo que  el presidente Evo solo utilizó a los indígenas de Tierras Bajas.

“Nos quedan dos caminos: el primero movilizarse y la par de eso demandar al gobierno por ese abuso; en mi punto de vista, ante la Corte Interamericana  (…). Hay que decir que el gobierno con esta determinación está destruyendo la económia del movimiento indígena”, declaró Chávez a Oxígeno.bo.

 El Presidente del la CIDOB acotó que el gobierno  en algún momento prometió que iba a respetar la inclusion de las organizaciones en el  Fondo Indígena. “Lo que ahora hace el gobierno es quitar la platita a los hermanos que fueron engañados por este gobierno”, lamentó.

En las últimas horas la  Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) decidió desprenderse de la CIDOB que  lidera Melva Hurtado, y pedir al Gobierno dialogar sobre el nuevo Fondo Indígena.

 El presidente de la  APG, Domingo Julián, consideró que la exclusión de esta organización de la estructura del nuevo Fondo Indígena es una represalia del Gobierno por el bloqueoen Takovo Mora.

“Hemos decidido que nos vamos a desprender de la CIDOB porque no está reclamando los derechos del pueblo indígena, sino se está metiendo muy políticamente”, declaró Julian a la red Erbol.

El Fondioc fue liquidado en medio de denuncias y procesos de corrupción que iniciaron en febrero. La interventora denunció la existencia de 33 proyectos fantasmas y un daño económico de más de Bs  102 millones al margen de informe de la Contraloría General del Estado que estableció un daño económico de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos sin concretarse.

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