La Paz,  19 de agosto (Oxígeno).- La Defensoría del Pueblo cuestionó hoy la acción policial y la represión ejercida contra la movilización de las comunidades guaraníes de la Capitanía de Takovo que exigen el respeto al derecho constitucional a ser consultados antes de la implementación de proyectos hidrocarburíferos en sus territorios.

“Condenamos la violencia y abuso aplicado por las fuerzas del orden contra la población indígena de la Capitanía Guaraní de Takovo Mora que derivó en el uso desproporcionado  de la fuerza recurriendo a  agentes químicos y violencia física contra los movilizados sin considerar la presencia de mujeres y adultos mayores; la detención ilegal de más de 28 personas, entre ellas cuatro mujeres, una de ellas Asambleísta Departamental, un  niño y un adolescente; además de otras acciones denunciadas como el ingreso por la fuerza a los domicilios y las lesiones físicas quehabrían sufrido miembros de la comunidad durante el desbloqueo de la carretera”, se lee en parte de un comunicado a la opinión pública.

Sugirió que las autoridades deben viabilizar la conformación de una comisión que se traslade hasta la comunidad e inicie un proceso de acercamiento que permita crear un clima de confianza   con la  dirigencia  para establecer los mecanismos que garanticen la consulta según establece la ley.

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, denunció hoy que luego de la gasificación en la carretera a Yacuiba a indígenas de la Tierra Originaria Comunitaria (TOC) de Takovo Mora la Policía allanó las viviendas de la comunidad  Yatairenda. Aseguró que los operativos se realizaron hasta la madrugada de este miércoles. Hasta el mediodía de este miércoles se informó que al menos 29 guaraníes fueron detenidos.

“Demandamos la inmediata libertad de las personas detenidas y el cese de cualquier acto de provocación o intimidación contra las comunidades guaraníes que,  además, están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y la movilización pacíficas, que históricamente fueron las formas de lucha de los movimientos sociales y los pueblos indígenas para exigir el cumplimiento de sus derechos”, se lee en otra parte del comunicado.

La Defensoría informó que se mantendrá en vigilancia ante cualquier hecho que se registre sobre este caso. Asimismo, solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional retomar a la brevedad el tratamiento abierto y transparente del Proyecto de Ley de Consulta previa, “cuyo contenido debe ser considerado en coordinación y concertación  con los pueblos y naciones indígenas, a fin de establecer las bases legales que, deben regir estos procesos, velando sobre todo por la garantía de sus derechos y garantías constitucionales y legales”.

“Alertamos que el intento e imponer un modelo de desarrollo depredador y extractivista a toda costa, sin respetar los derechos de las comunidades indígenas y de la Madre Tierra, puede generar procesos de conflictividad mayor, especialmente en los territorios y comunidades originarias que,  históricamente y por mandato de la Constitución, deben respetarse no solamente en su riqueza natural, sino porque son de uso y propiedad prioritaria de los pueblos que en ellos habitan”, cuestionó.

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