El presidente del Estado, a través de sus cuentas en las redes sociales, destacó el pacto que alcanzó con alcaldes de las nueve ciudades capitales, además de El Alto y la Asociación de Municipalidades de Bolivia para avanzar hacia el 50/50 de manera “progresiva y diferenciada”. Aseguró que así se da un paso hacia un “Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías”.
“Este acuerdo es un paso hacia el Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías, por un Estado que funcione mejor y esté más cerca de la gente”, afirmó.
Paz señaló que con el acuerdo se reconoce que cada municipio es distinto y no hay una sola fórmula para todos. “Por eso la Agenda 50/50 avanzará de manera progresiva y diferenciada, con corresponsabilidad, transparencia y resultados verificables”, afirmó.
“Trabajaremos en tres ejes. Primero, más libertad y eficiencia para los municipios, con prioridad en la salud, menos burocracia y un reporte único al nivel central. Segundo, reformas normativas para eliminar las restricciones al gasto municipal. Tercero, acuerdos fiscales para avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos”, afirmó.
Advertisement:
Acotó que “las mesas técnicas funcionarán de manera continua y los consensos se convertirán en proyectos de ley, decretos y acuerdos fiscales”.
El acuerdo, suscrito en La Paz, establece tres ejes de trabajo: libertades y eficiencia autonómica; reformas normativas; y acuerdos fiscales y financiamiento.
Entre las principales conclusiones se encuentra la revisión de las competencias que ejercen los distintos niveles de Gobierno, con el objetivo de identificar duplicidades, vacíos y cargas financieras, además de analizar las necesidades de los municipios en áreas como salud, seguridad ciudadana, educación, gestión de residuos sólidos, infraestructura, movilidad urbana y desarrollo económico local.
En materia de financiamiento, las partes acordaron evaluar la estructura de ingresos municipales, que comprende transferencias, tributos propios, crédito y financiamiento concurrente, además de realizar una auditoría a los recursos de coparticipación tributaria de los últimos años.
También se analizarán nuevos criterios para la distribución de recursos, tomando en cuenta, además de la población, factores como la capacidad fiscal del gobierno municipal, el esfuerzo recaudatorio, el dinamismo económico local, las necesidades básicas insatisfechas, el índice de desarrollo humano y los costos reales de los servicios públicos urbanos.
Uno de los puntos específicos establece que el nivel central del Estado dará, en un plazo de 15 días, una respuesta técnica sobre tres alternativas relacionadas con la aplicación del 12% del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) a los gobiernos autónomos municipales: suspender su aplicación para la gestión 2027, devolver los recursos correspondientes a la gestión 2025 y aplicar progresivamente esta medida en las siguientes gestiones.
La evaluación estará a cargo del Ministerio de Hidrocarburos, como cabeza de sector, y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que deberán determinar la viabilidad técnica, financiera y normativa de esas alternativas.
El acuerdo también contempla identificar y modificar normas que restrinjan el ejercicio de las competencias municipales, facilitar la elaboración, aprobación y entrada en vigencia de las cartas orgánicas, revisar el régimen de ingresos propios y trabajar en mecanismos que permitan la participación de los gobiernos municipales en alianzas público-privadas.
Además, Gobierno y municipios acordaron avanzar en la simplificación de procedimientos administrativos, la interoperabilidad de sistemas de información y herramientas de transparencia y seguimiento público de los resultados de la Agenda 50/50.
Las mesas técnicas continuarán trabajando de manera permanente y estarán organizadas de acuerdo con los tres ejes definidos. El Gobierno proporcionará información sobre finanzas públicas, transferencias, ejecución presupuestaria y techos fiscales, mientras que los municipios aportarán datos sobre su situación socioeconómica, costos operativos de los servicios e indicadores de gestión.
La metodología acordada contempla criterios de proporcionalidad, celeridad, coordinación, trazabilidad, transparencia y progresividad, además de indicadores para evaluar los avances en gestión, financiamiento, sostenibilidad y calidad de los servicios.
Los resultados del proceso podrán traducirse en proyectos de ley, decretos supremos, convenios intergubernativos, acuerdos fiscales y normativa reglamentaria y administrativa, según corresponda.
El documento establece que la aplicación de la Agenda 50/50 considerará las diferencias territoriales, poblacionales, económicas e institucionales de cada municipio. Los productos técnicos serán elevados al Consejo de Coordinación Técnica de la Agenda 50/50 para su articulación en el Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.