Y así se redactó …
El Decreto de Nacionalización
Acababa de posesionarse Evo y debíamos cumplir con el mandato del pueblo, debíamos nacionalizar los hidrocarburos. Ya no era el tiempo de organizar movilizaciones para protestar o rechazar alguna medida, tampoco era el tiempo de hacer propuestas que sabíamos que no se iban a tomar en cuenta. Con Evo de Presidente, era el tiempo de hacer realidad los sueños.
El Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos se debía preparar cuanto antes. Sabíamos que era un tema vital, desde todos los puntos de vista, desde lo político hasta lo económico, era una cuestión de dignidad, era la posibilidad de reconquistar el futuro. La oposición apostaba en aquel momento a que el gobierno de Evo no iba a durar “ni tres meses” y a las pocas semanas se puso a “exigir” que cumpla su promesa de nacionalizar los hidrocarburos. Desde su punto de vista, estábamos acorralados.
Sin embargo, se equivocaban. A inicios del año 2006, no teníamos que empezar de cero, nuestra tarea estaba ya muy avanzada. La nacionalización no era una simple propuesta electoral sacada debajo de la manga para lograr votos. La nacionalización era un mandato y tenía historia.
¿Cuándo comenzó a redactarse en realidad, el Decreto de Nacionalización?
El primer semestre del año 2002. Si, el año 2002, no es un error de imprenta. Ese año, se había ya redactado el siguiente texto: “Se dispone la recuperación para el Estado Boliviano de la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los recursos naturales hidrocarburíferos …”.
El texto corresponde al Proyecto de “Ley de Recuperación de los Recursos Naturales Hidrocarburíferos y de las Empresas Petroleras Capitalizadas” que presentó la Bancada del MAS en el Parlamento el año 2002.
¿Qué se dispuso cuatro años después, en el Decreto de Nacionalización del año 2006? “El Estado recupera, la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” de los recursos naturales hidrocarburíferos.
Efectivamente, el año 2002 teníamos ya avanzado el tema y aquel año se realizaron cientos de talleres en todo el país y se vendieron cientos de miles de folletos explicando la situación del sector de hidrocarburos al pueblo boliviano.
Después, mucha agua pasó bajo el puente:
- A inicios del año 2003 se llevó adelante un bloqueo nacional de caminos exigiendo la recuperación de los hidrocarburos.
- En octubre del año 2003, el pueblo conquistó en la Guerra del Gas, a costa de su sangre, el derecho de que la riqueza hidrocarburífera vuelva a manos del pueblo,
- El año 2004, se realizó el Referéndum sobre el Gas en el que la pregunta 2 (impuesta a Carlos Mesa por el MAS), que consultaba sobre la recuperación de la propiedad de la producción de hidrocarburos, se convirtió en mandato vinculante del pueblo boliviano al obtener más del 94% de votos afirmativos, y
- El año 2005 se promulgó la Ley de Hidrocarburos 3058 en la que el MAS incorporó, movilización social y bloqueos de por medio, además del 32% del IDH, los Artículos 5, 66, 78 y 79, entre otros, referidos a la propiedad de los hidrocarburos, las condiciones de los nuevos contratos y sobre los entonces vigentes Contratos de Riesgo Compartido.
Así, desde el año 2002, en todas esas batallas, se fue complementando, corrigiendo y delineando el futuro Decreto de Nacionalización.
Si se revisan esos textos se podrá notar con claridad que todos ellos han sido redactados por la misma mano; … ¡no fue un equipo el que redactó el Decreto de Nacionalización!!!, fue la mano del pueblo la que escribió la historia y el Decreto, a sangre y fuego.
Lo que tocaba el año 2006 era dar forma a la última parte de esa epopeya popular. Y esa tarea recayó en manos del equipo que bajo la dirección de Evo, trabajó en silencio casi tres meses.
¿Eran cuatro o cinco o siete los miembros de este equipo? Estaba conformado inicialmente por cinco personas. En el proceso fueron depuradas dos personas.
Este equipo de trabajo definido por el Presidente, informaba de sus avances a un equipo más amplio, cuyas reuniones las presidía y convocaba el propio Presidente. El equipo más amplio varió en su composición y número durante los casi tres meses que duró el trabajo de redacción. Algunas personas participaron en tres o cuatro reuniones, otras en una sola.
El Presidente manejó con gran capacidad el tema, de tal manera que en la práctica casi nadie más que él, conocía, sabía o tenía acceso a todo lo que se estaba trabajando.
Reunión tras reunión se fueron definiendo los temas, corrigiendo o complementando la redacción, blindando jurídicamente cada parte del Decreto para evitar arbitrajes internacionales, revisando cada detalle para lograr los objetivos.
Tres tendencias internas dieron la batalla. Una planteaba una nacionalización “clásica” como las anteriormente realizadas en Bolivia. Otra tendencia, de concepción neoliberal, planteaba que lo único que había que hacer era subir los ingresos estatales, que había que evitar “que el mundo se nos venga encima”. Y finalmente estaba la tercera fracción hegemónica, que planteaba la nacionalización tal y como finalmente se aprobó.
La lucha interna no fue agresiva ni mucho menos. Las dos primeras fracciones nunca llegaron a plantear abiertamente sus posiciones, sólo lograban poner en debate algún tema, pero Evo resultaba siempre apoyando las posiciones que ya habían sido trabajadas internamente desde hacía años atrás.
Un ejemplo de estas diferentes posiciones internas es la forma en la que se definió el famoso “82 – 18”.
Cuando se había ya definido que el Decreto establecería la firma de nuevos contratos con las petroleras en un plazo de 180 días, se analizó el tema de cuánta sería la participación del Estado durante ese período. Se pidió criterio técnico a un miembro del equipo de trabajo reducido y la respuesta fue algo así: “Yo creo que las empresas no van a aceptar más del 60% para el Estado”. Evidentemente molesto por la respuesta recibida pero con un ánimo hasta travieso, Evo dijo: “¿Por qué no 82 para el Estado y 18 para las petroleras?”.
Era sin duda alguna un golpe simbólico de gran coraje. Recordemos que en la época neoliberal las empresas pagaban 18% de regalías y se apropiaban del 82% para ellas. Era textualmente, dar la vuelta la tortilla.
El Presidente pidió informe si los grandes campos podían seguir operando con 82% para el Estado. A los pocos días se recibió el informe y para asombro y molestia de casi todos, resultó ser lo mismo: “Creemos que las empresas no van a aceptar más del 60% para el Estado”. Evo se indignó y la persona que dio el informe aquel día y su recién conformado equipo técnico, dejaron de participar en el proceso.
¿Por qué esta decisión tan drástica? ¿Era porque el informe no decía lo que el Presidente quería escuchar? Nada de eso. Era simple y sencillamente porque la respuesta estaba mal en esencia. No se había preguntado “cuánto podían aceptar las empresas”, se había preguntado “cuánto podían resistir económicamente los campos”. Es que resulta que en sus cabezas, en su forma de pensar dominaban las empresas. Lo importante para ellos era cuánto aceptarían o no las empresas; para ellos no cabía pensar en cuanto quería o decidía tomar para sí, el Estado.
Evo pidió entonces informe a los dos grupos de apoyo internacional con los que estábamos en contacto, se pidió pues criterio al “Apoyo A” y al “Apoyo B”, como en aquel momento se los designaba. Prácticamente, al día siguiente se convocó a la que resultó ser la última reunión.
Aquel día se le informó al Presidente: “Sábalo y San Alberto ¡Aguantan!!”. Evo preguntó entonces: “¿Qué opinan?”. Mi posición era conocida por todos y ya que nadie más se manifestaba, dije: “Estoy de acuerdo”. “¿Alguien se opone?” insistió Evo. El silencio fue la respuesta de los asistentes a la reducida reunión. “¡Aprobado!!”, dijo Evo y cerró el tema. Algunos miembros del equipo tuvieron miedo a tomar la decisión, de ahí que ni la apoyaran ni se opusieran a ella. Cosas de la vida, ni los radicales que querían expropiaciones ni los “neoliberales” que sólo querían subir impuestos, se pronunciaron. Coraje, firmeza y claridad estratégica, eso necesita un líder y Evo dio la talla. De esta manera quedó definido el famoso “82 – 18”.
Así, paso a paso se definieron los textos finales de todos los artículos del Decreto. Con palabras sencillas y directas, pero al mismo tiempo, con un sólido blindaje jurídico, la versión número 21 del Decreto fue finalmente aprobada.
En lo concreto, 7 objetivos se definieron y lograron a través del Decreto de Nacionalización.
- “Nacionalizar los recursos naturales hidrocarburíferos” y recuperar “el control total y absoluto” del sector. (Artículo 1 del Decreto).
- Recuperar la propiedad de toda la producción de hidrocarburos. (Artículo 2 del Decreto).
- Someter a las empresas petroleras a las nuevas condiciones de “control total y absoluto” por parte del Estado. (Artículos 3, parágrafos I y II del Decreto).
- Dejar sin efecto los anteriores Contratos de Riesgo Compartido. (Artículos 3, parágrafo III del Decreto).
- Imponer de hecho, nuevas condiciones económicas. (Artículos 4 del Decreto).
- Dejar sin efecto toda la estructura jurídica neoliberal en el sector. (Artículo 5 del Decreto).
- Recuperar YPFB y dar condiciones para que se convierta en una corporación. (Artículos 6, 7 y 8 del Decreto).
Lograr todo esto en el Decreto no fue poca cosa, pero con estas medidas se hacía algo más, se realizaba un cambio profundo, un cambio esencial en el sector de hidrocarburos.
En general los países utilizan dos formas de explotar los recursos naturales, una es el Régimen de Concesión y la otra es el Régimen de Prestación de Servicios.
En el Régimen de Concesión el Estado otorga una “concesión” a una empresa para que explote los recursos naturales y a cambio la empresa paga “regalías” al Estado. En este Régimen, la empresa que recibe la “concesión” es propietaria de los recursos naturales que explota, es propietaria de la producción que obtiene. Este era el Régimen vigente en el sector de hidrocarburos antes de la nacionalización debido a la Ley de Sánchez de Lozada y los Contratos de Riesgo Compartido. En otras palabras las empresas petroleras eran propietarias de la riqueza del país, del patrimonio de todo el pueblo.
En el otro régimen, en el de Prestación de Servicios, se da todo lo contrario. En lugar de otorgar una “concesión” a una empresa, se firman Contratos de Prestación de Servicios con esa empresa en los que se establece que toda la producción que esa empresa obtenga será entregada en propiedad al Estado y la empresa recibe simplemente un pago por sus servicios.
En el primer caso las empresas que reciben la “concesión” tienen el sartén por el mango, como sucede hoy en día en el sector minero, por ejemplo. La empresa define su inversión, su nivel de producción, la comercializa y se enriquece.
En el otro régimen es el Estado el que tiene el sartén por el mango ya que la empresa sólo cumple el rol de prestar servicios. Es el caso de un albañil o empresa contratada para construir una casa; el que define cuántos cuartos y cuántos pisos tendrá la casa, y quién vivirá en ella, es el dueño y no así el contratista. En el Régimen de Prestación de Servicios, el Estado es el dueño y la empresa es el albañil.
Y esto es lo que estableció el Decreto de Nacionalización, estableció en el sector de hidrocarburos el Régimen de Prestación de Servicios bajo “control total y absoluto” del Estado y dejó atrás el Régimen de Concesión vigente hasta ese momento. Este es el cambio esencial que efectivizó el Decreto.
Poder decidir cuánto se produce, cómo se produce, a quién se vende, a qué precio se vende y qué se hace con la riqueza obtenida, todo eso se logró con el Decreto de Nacionalización. Antes, todo ese poder de decisión estaba en manos de las empresas petroleras; eran ellas las que definían y se enriquecían con nuestros hidrocarburos.
Diez años después, analistas y expertos diversos, no asumen o no quieren comprender “la pequeña” y vital diferencia entre uno u otro régimen, entre tener el sartén por el mango o ser el pescado en el sartén.
Antes de la nacionalización se dio incluso la situación de que las empresas petroleras se dieron el lujo de amenazar al país con dejarnos sin gasolina y diésel; éramos el pescado en el sartén. Con el Decreto de Nacionalización, nosotros las amenazamos con “sacarlas a patadas” si no se sometían a nuestro “control total y absoluto”.
El pueblo no había luchado por cobrar más impuestos a las petroleras, el pueblo luchó por tomar el control total y absoluto, por recuperar lo que era nuestro, por recuperar la dignidad y el futuro. Y cumplir ese mandato, era el desafió fundamental a la hora de definir el Decreto de Nacionalización.
¡Misión cumplida!!!
“La historia la escriben los vencedores”.
Winston Churchill
Manuel Morales Olivera
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