Los magistrados constitucionales tienen incidencia central en el futuro político de Bolivia, no es novedad es parte del ejercicio del poder político masista en el desmoronado estado plurinacional.

Jueces y magistrados constitucionales son los operadores de los intereses del oficialismo, poniendo a la constitución a su servicio, ella es apenas un recuerdo feliz de momentos democráticos que vivió el país, que ahora es mal utilizada y manipulada sin clemencia alguna.

Los magistrados del tribunal constitucional en su condición de operadores de la voluntad del poder político, han ordenado a las salas constitucionales y a los jueces de garantías, resolver de manera inmediata los recursos vinculados al proceso electoral, con lo que quieren aparentar su adscripción a un evento importante para la democracia.

No pueden ocultar su adscripción política, siguen infringiendo la norma porque ningún juez inferior en grado debería recibir una orden de su superior, pues al hacerlo se estaría afectando el principio de independencia al que deben sujetarse dichos jueces.

Los magistrados, nuevamente, se apartan del cumplimiento de la norma en la medida que los plazos procesales no los fijan ellos sino el Código Procesal Constitucional, en caso de no cumplirlos, se activan procedimientos preestablecidos para rectificar o sancionar a quienes quebranten lo prescrito.

Una orden de esta naturaleza en lugar de resolver las urgencias del momento en un marco de legalidad y racionalidad más bien contribuye a seguir socavando el orden constitucional y a consolidar la desconfianza ciudadana.

Ratifican su peligrosa conducta instando a los actores políticos a dejar de judicializar el proceso electoral, cuando son ellos los que se prestaron desde hace años atrás a judicializar la política con fallos inconstitucionales con tal de satisfacer los requerimientos de los autoritarios, sus invocatorias no son creíbles, su pasado y presente los condena.

La obligación que tienen de cumplir sus facultades con honestidad, probidad y prudencia es afectada por su protagonismo mediático. Es conveniente que un juez hable a través de sus sentencias, hacerlo a través de la prensa podría comprometer su imparcialidad e inhabilitarlos en el conocimiento de las acciones que están en curso por haber emitido sus criterios con anticipación.

El Tribunal Constitucional, con su pronunciamiento embarulla aún más la complicada coyuntura electoral a la par que el país parecería estar al borde de un incendio mayor, que es alimentado por quienes prefieren ir a un evento al país del norte apadrinado por el empresario Claure, que no afloja en su intención de lograr simpatías, para luego ser favorecido en sus negocios. La linea divisoria entre cinismo y comportamiento democrático es tan tenue que se da el lujo de afirmar que apoyará al que tenga mayores posibilidades, vale decir apunta a caballo ganador. El encuentro que ha promovido está lejos de ser un acto de patriotismo.

Los actores electorales en lugar de recurrir a la política para encarar la coyuntura, están pendientes, cual seres inanimados, de las decisiones de los magistrados y jueces constitucionales, que además afectan las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral, que son apenas una tenue señal de algo que podría suceder, siempre y cuando cuenten con el aval del Tribunal Constitucional.

En paralelo la crisis generalizada se pronuncia, no hay dólares, no hay combustibles, los costos de los productos de primera necesidad se incrementan sin cesar, la especulación se adueña de los mercados, la inflación es imparable no encuentra respuestas efectivas, los sectores aislados protestan sin obtener respuestas, el presidente, después de ser sido defenestrado por su propio partido, reaparece anunciando medidas aspirina a la metástasis generalizada.

No hay signos de esperanza, estamos en los albores de una tragedia más que de un acto democrático, la realidad política, económica y social esta a punto de estallar en confrontaciones de mayor dimensión.

Los esfuerzos de los candidatos de otorgarle al evento electoral de agosto la capacidad milagrosa que todo se resolverá entonces se confronta con el ahora, es más que abusivo pedir al pueblo que soporte estoicamente hasta que se posesione un nuevo gobierno.

La unidad electoral no ha sido posible, pero puede serlo en la lucha política cotidiana, con la defensa intransigente de la democracia y la exigencia al gobierno de que tome medidas responsables para paliar la crisis económica, social y política lejos de su retórica que solo agudiza el drama. Podrían agregarse otros puntos pero ello provocaría debates interminables e improductivos.

Como el parlamento ha dejado de existir y no hay partidos políticos consolidados y fuertes, el ejercicio de la política esta en manos de los candidatos y sus adherentes, que podrían legitimarse a los ojos del pueblo con acciones inmediatas, como convocar a la Primera Gran Marcha Nacional por la Democracia y en Contra del Hambre, en la que al unísono en cada capital de departamento la ciudadanía tome las calles, encabezada por los candidatos.

Esta Primera Gran Marcha, partiría desde los cuatro puntos cardinales de cada ciudad enarbolando solo las banderas bolivianas y departamentales hasta tomar democráticamente las plazas de armas, donde jurarían los candidatos junto al pueblo defender la democracia y luchar en contra la crisis. Solo se entonaría el himno nacional mientras mientras se izan las banderas, sin discurso alguno.

Esta muestra de unidad y de que los candidatos están con su pueblo reanimaría a una ciudadanía desesperanzada y los opositores retomarían la iniciativa política que esta exclusivamente en manos del MAS.

Miren el pasado e inspírense en las luchas de los prohombres conductores de nuestras luchas independentistas, que un día como hoy fueron capaces de dar el Primer Grito Libertario para América Latina.