La Paz, 3 de julio de 2015 (Oxígeno).- El olfato de los emprendedores populares les lleva a concluir que el comercio de bebidas alcohólicas es rentable, incluso cumpliendo las leyes.  Saben que las utilidades se generan rápidamente. Y, quienes se arriesgan más, como lo hacía Al Capone en la época de la Gran Depresión, logran un retorno más jugoso en función del riesgo que asumen para hacer contrabando. Ahora bien, ¿qué pasa con quienes eligen un tercer camino,  el de la verdad a medias?  ¿Cuán rentable es el negocio para quienes ocultan una parte y otra la exhiben? ¿Cuán preparado se encuentra el Estado frente a esta situación?

Oxígeno digital accedió a documentación que pone en evidencia que la tercera vía se ha convertido en una opción para algunos importadores de bebidas alcohólicas.  El nombre de este procedimiento es subfacturación. Y la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, admitió que este procedimiento es real en Bolivia y aseguró que el Estado tiene normas y el tiempo para castigar este delito.

La idea madre de este negocio es la siguiente: una importadora moviliza volúmenes de diferentes bebidas con certificados de origen irregulares; en Chile obtiene facturas por la venta de dichos productos a un precio muy por debajo del vigente en el mercado respectivo; interna la mercadería a Bolivia rumbo a la zona Franca de Cobija, finalmente, el dueño de la empresa saca los productos de la zona Franca rumbo a los diferentes mercados del interior del país.

La utilidad es altísima si se considera, por ejemplo, que aquella empresa declara que un wiskhy Johnny Walker, etiqueta negra, cuesta apenas 4,17 dólares cuando en el mercado importador cuesta 14,8 dólares.

A ello se suma que, según informes de Aduana, el Control Operativo Aduanero no realizó operativos de comiso en Cobija, Pando, cuando sí lo hace en el resto del país.

Marlene Ardaya dice que la Aduana se ha encontrado con “groseros” casos de subfacturación, como cuando señalaron que un televisor LED de 50 pulgadas tiene un precio de 50 dólares, que por un contenedor lleno de mercancía pagaron apenas 6.000 dólares, o que una botella de whisky etiqueta negra –cuya documentación está en manos de Oxígeno- cuesta 4,17 dólares.

“La Aduana Nacional está empeñada en reducir toda forma de contrabando. En esta lucha, se toman en cuenta los procesos de fiscalización posteriores al retiro de la mercadería de los recintos aduaneros, para evitar problemas de subfacturación y otros”.

Para sancionar estas irregularidades, remarca la autoridad, la Administración Aduanera hará un proceso de fiscalización posterior al retiro de la mercadería de los recintos aduaneros.

De acuerdo a lo establecido por el decreto supremo 2295 (para la nacionalización de mercancías en frontera), del 18 de marzo de este año, esta fiscalización podrá ir hasta 10 años trás. “A partir de este decreto, se hará la fiscalización posterior sin mercadería. Si compró el 2009, tengo 10 años para fiscalizar. Si importó el año pasado, puedo fiscalizar. Además, pueden entrar todos los años, porque en este tipo de delitos no hay prescripción. La Aduana ha recibido denuncias y en los próximos días se habilitará la posibilidad de realizar estas por medios electrónicos”, remarca Ardaya.

El círculo

El caso se relaciona con la distribuida de Rolando Añez Domínguez, que ha logrado facturas de la Importadora y Exportadora Euromaax Ltda, que le extiende facturas a un costo supereconómicos, para procecer con la internación desde Chile hasta Cobija.

Una vez lograda la autorización de Senasag para comercializar bebidas en los diferentes mercados del interior del país, la importadora cumple con el pago  de las obligaciones señaladas en la Zona Franca.

La subfacturación permite que los importadores paguen tributos según la medida del costo de los prouctos obtenidos en Chile o en otro mercado. El asunto es que la normativa boliviano contribuyó a este asunto negativo.

La Presidenta de Aduana explica: “aceptamos cualquier valor que el comerciante declare.  Pone –digamos- 2 dólares o 5 dólares a determinado producto, le creemos. Pero, el mismo decreto lo prevé, estas declaraciones están sujetas a fiscalización posterior y el control diferido inmediato”.

Hasta antes de esta norma, usted entraba a los almacenes de la zona franca, y ahí se podía quedar buen tiempo, porque el sistema exigía ver la valoración, los depósitos bancarios, si hizo la transacción o si el valor no convencía. De esta forma no solo se tardaba mucho, sino que también se generaba un problema de corrupción. Porque venía el importador y pedía valorar la mercancía.

Ahora se ha quitado ese componente, manifiesta Ardaya. Con la nueva norma, se registra una alta rotación de la mercancía. Entre el ingreso y la salida de las importaciones se tarda menos de 24 horas. Esto ha permitido agilizar todo el trámite de control aduanero y obviamente ha permitido trabajar de mejor manera.

La fiscalización

Sin importar el precio que declare el comerciante, el sistema informático le permite a la Aduana boliviana conocer el precio base impositivo.

Luego del informe, entra en acción Fiscalización notificando al declarante para que ofrezca dentro de los 20 días siguientes la documentación respaldatoria. Estos datos serán analizados por la administración aduanera que resolverá dictando resolución administrativa en un plazo no mayor a los 10 días siguientes.

Ahora, cuando se hace un control diferido inmediato, es cuando queremos corregir la conducta de un contribuyente. Pero en el caso de que quisiéramos controlar o castigarlo, les iniciamos una fiscalización posterior, que genera una deuda tributaria, que incluye la calificación de la conducta, la multa, los intereses; por lo tanto si hoy evadió 10, luego de la fiscalización deberá pagar 100, añade.

Ardaya explica que se está generando conciencia en los comerciantes, pues la “contribución voluntaria” aumentó en un 4%. Esto significa que el nuevo método lleva a personas que antes declaraban, digamos 5, ahora están declarando 15 o 20, porque existe la posibilidad de que les llegue una fiscalización. Sin embargo, de acuerdo a la documentación obtenida por Oxígeno,  no existen datos en sentido de que existan procesos sancionatorios por entregar datos falsos a la Aduana, institución que decomisó bebidas que ingresaron como contrabando.