La Paz, 22 de junio (Oxígeno).- Desde este lunes, grupos de jueces, fiscales, abogados y policías se concentrarán en las cárceles de La Paz para celebrar  audiencias y reducir el índice de presos preventivos mediante la emisión de sentencias que permitan descongestionar la hacinada población penitenciaria, informó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos.

Dijo que se inician las jornadas judiciales en los recintos penitenciarios con la participación de jueces de sentencia, fiscales de materia, abogados de Defensa Pública y la presencia de las partes cuya finalidad es bajar los indicadores de la detención preventiva que en el caso de La Paz llega a 2.050 casos de una población total de 2.876.  

“Estamos cumpliendo con la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal de modo que los casos que han estado paralizados por mucho tiempo sean activados y que los detenidos tengan la opción de acogerse a salidas alternativas en el marco de lo que permite el Código de Procedimiento Penal y, posteriormente, al Decreto Presidencial del Indulto por razones humanitarias”, explicó.

Indicó que en la primera parte del Plan de Descongestionamiento se presentaron cerca de 300 solicitudes en los cinco recintos penitenciarios de San Pedro, Chonchocoro, Obrajes, Miraflores, Patacamaya y Qalahuma.

“Estos casos serán analizados en audiencias y los operadores de justicia determinarán las resoluciones que correspondan”, afirmó al reconocer los esfuerzos realizados por el Ministerio Público, las gobernaciones de las cárceles, Defensa Pública, Ministerio de Justicia, Régimen Penitenciario y Pastoral Penitenciaria, Alto Comisionado de la ONU en Bolivia entre otras. 

El plan fue impulsado desde septiembre de 2014 por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Bories, quien estuvo este fin de semana en La Paz para coordinar la ejecución de las Jornadas e informó que al igual que este lunes también será ejecutado el plan en las cárceles de Beni y Tarija. “En una segunda fase llegaremos a las carceletas provinciales y fronterizas”, adelantó.

“Quiero desvirtuar los rumores de que este plan pretende sacar a todos los presos a las calles”, aclaró von Borries al señalar que el objetivo principal es bajar el alto índice de detenidos preventivos en el país que sobrepasa el 82% (14.000) con la emisión de resoluciones y sentencias.

“Por ejemplo, un tribunal de sentencia de Santa Cruz dictó 25 resoluciones de procedimiento abreviado en un solo día imponiendo penas de 2 a 15 años de privación de libertad por delitos de robo, hurto, violación y homicidio. Y de ese total, sólo tres se beneficiaron con la suspensión  condicional de la pena, es decir  que salieron libres: uno por estafa y dos por robo menor”, afirmó al desmentir que se estaría pretendiendo “vaciar las cárceles”. 

La magistrada del TSJ por La Paz, Maritza Suntura, explicó que otro de los objetivos es bajar los niveles de hacinamiento en las cárceles permitiendo que “de manera voluntaria los detenidos preventivos puedan acogerse al plan”.

Dijo que las salidas alternativas sólo proceden en el marco estricto del Código de Procedimiento Penal (CPP) y advirtió que existen casos que no proceden como el de los reincidentes y aquellos relacionados con feminicidios y delitos contra niños, niñas y adolescentes, entre otros.   

“Existen casos que datan de seis, siete y más años que no tienen sentencias y que ya han cumplido con la máxima pena de su posible delito y nadie mueve su expediente”, dijo von Borries.

 De acuerdo a los registros de Régimen Penitenciario, la población penitenciaria en Bolivia es de 14.000. De ellos, el 82% (11.455) son preventivos. En Santa Cruz existen 5.531 reclusos, de los que cerca de 5.000 no tienen sentencia.

///