La Paz, 24 de marzo (Oxígeno).- El Ministerio de Justicia presentó este martes el “Protocolo de Atención Integral y Ruta de Intervención para Adolescentes con Responsabilidad Penal” con el objetivo de que las instituciones que intervienen en la temática conozcan la propuesta y generen sugerencias para mejorarla.

“Nos encontramos inmersos en pleno proceso de transformación de la realidad de los adolescentes con responsabilidad penal, lo cual supone que todas las instituciones que conformamos el Sistema de Justicia Penal Juvenil, debemos asumir el reto y responsabilidad de implementar el enfoque de la Justicia Restaurativa”, dijo el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez.

La autoridad explicó que el protocolo tiene como propósito ordenar la aplicación de la ley, describiendo con procedimientos claros y eficientes las acciones que deben desarrollarse para garantizar los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley.

El documento pretende identificar y validar las funciones y roles de los integrantes del Sistema de Justicia Penal Juvenil, conforme lo dispone el Código de la Niña, Niño y Adolescente, tomando en cuenta los estándares internacionales en materia de abordaje administrativo y judicial de los derechos de este sector de la sociedad boliviana.

Jiménez recordó que el nuevo Código de la Niña, Niño y Adolescente introduce un nuevo paradigma para el tratamiento de las y los adolescentes con responsabilidad penal, modelo que fue instaurado por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

Explicó que se estableció un nuevo Sistema Penal para Adolescentes que determina la responsabilidad penal atenuada de las y los adolescentes de 14 a 18 años de edad; y prevé para ellos un conjunto de derechos y garantías procesales y de ejecución, estableciendo el procedimiento especial al que serán sometidos para su juzgamiento.

“Asimismo, dispone un sistema sancionatorio integrado por un conjunto de medidas socio-educativas, así como el control judicial de las mismas, considerando la privación de libertad como el último recurso”, explicó.

La nueva ley innova incorporando estrategias de desjudicialización del conflicto planteado por el delito, tales como la Remisión y otras medidas alternativas -la Conciliación y la Reparación del Daño- cuya aplicación supone la introducción de mecanismos de la Justicia Restaurativa, que también podrán acompañar las medidas socio-educativas en general y que se constituyen en una de las garantías procesales que el Código reconoce.

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