La Paz, 10 de marzo (Oxígeno).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, decidió este martes intervenir en el caso del periodista Carlos Quisbert, detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro. La autoridad que vela por los derechos humanos anunció que presentará un recurso de acción de libertad, para lograr la cesación inmediata del encarcelamiento del trabajador de prensa.

“Estamos muy preocupados por la forma en que se detuvo a Carlos, la incomunicación arbitraria e ilegal a la que se le sometió, la negación del acceso al cuaderno de investigaciones y la decisión incomprensible de la jueza que conoció el caso de enviarlo a la cárcel de San Pedro,  sin considerar ningún argumento jurídico que justificaba su defensa en libertad.  Además nos alarma el tratamiento que se le está dando a la libertad de prensa y el respeto al trabajo de los periodistas y comunicadores, cuyos derechos están claramente determinados por la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta”, señaló la autoridad.

El Defensor indicó que al conocerse el hecho, instruyó a su Representante de El Alto que recabara todos los datos sobre el  caso, para asumir las medidas que correspondan para que se libere de inmediato al periodista, ante lo que consideró una inaceptable forma de manejar este tema por parte del Ministerio Público “especialmente si, en el fondo, se trata de un caso donde la fiscalía ha demostrado un nivel extremo de lentitud e incapacidad para aclarar las causas y responsables de la muerte del bebé Alexander”.

Villena explicó además que si alguna autoridad entiende que un periodista, en el ejercicio de sus funciones ha cometido un delito o una falta, debe procederse según lo manda la ley, es decir, procesar el caso a través del tribunal de imprenta, “entiendo que el señor Quisbert se encontraba ejerciendo sus funciones de investigación periodística que debe respetarse en este caso sin ninguna reticencia ni interpretaciones arbitrarias”.

Manifestó, además que, en los últimos meses se han conocido de hechos que vulneran la libertad de prensa, especialmente los relacionados con amenazas, detenciones e incluso hechos de violencia física que no han merecido una investigación y menos una sanción contra quienes los cometieron.  “Cuando una sociedad permite que los periodistas sufran presiones y violencia por parte de quienes ejercen poder, está en camino de perder sus propios principios de democracia y libertad”, afirmó.

En el informe ´sobre los derechos humanos de la gestión 2014, la Defensoría del Pueblo, en base a un reporte de la Asociación Nacional de Prensa, señala que durante ese año se conocieron 10  casos de agresiones físicas y 12 de agresiones verbales y amenazas contra periodistas.