El Gobierno reafirmó su voluntad de implementar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia de 2019 en Bolivia, durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Estados Unidos.

“El Gobierno del Estado comprende la situación y preocupación de las víctimas. Sin embargo, ratifica la voluntad del Ministerio de Justicia, en el marco de sus atribuciones, para seguir coordinando con otros entes estatales la implementación de las recomendaciones en lo que concierne a las investigaciones de los hechos de violencia del año 2019”, dijo el ministro de Justicia, Freddy Vidovic, durante su intervención virtual.

Ratificó que la actual administración gubernamental de Rodrigo Paz apunta a ejecutar las 36 recomendaciones emitidas por el GIEI y destacó la Política Plurinacional de Reparación Integral, vigente desde 2023.

Vidovic explicó que esta política para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos incluye seis líneas estratégicas —rehabilitación, compensación, garantías de no repetición, investigación, sanción y prevención— y que al menos 21 instituciones del Estado reportaron acciones concretas en favor de las 666 víctimas directas identificadas.

También abordó las recientes decisiones judiciales que anularon los juicios ordinarios sobre las muertes en Sacaba y Senkata y aclaró que los casos serán tramitados por la vía del juicio de responsabilidades, según la Ley 044.

“En ambos casos (Sacaba y Senkata), la Justicia Ordinaria determinó la vía del juicio de responsabilidades para la exsenadora (y expresidenta Jeanine) Áñez y la anulación de otros procesos vinculados”, añadió.

Sobre la anulación de la sentencia contra Áñez por su nombramiento en 2019, Vidovic subrayó que responde a lo determinado por el Tribunal Supremo de Justicia en su Auto Supremo 011/2025.

Este fallo estableció que la “actuación de Jeanine Áñez Chávez, a momento de asumir la presidencia del Estado en noviembre de 2019, no constituyó un acto de usurpación del poder, sino que (fue) por un estado de necesidad constitucional ante el vacío institucional ocasionado por las renuncias de las altas autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo”.

En ese contexto, agregó que se definió la devolución de los obrados y documentos presentados por las partes como medio de prueba ante el juzgado de origen, para que la autoridad jurisdiccional remita los antecedentes a la Fiscalía General del Estado para que el proceso sea tramitado de acuerdo a la Ley 044.

“Las acciones ordinarias se encuentran abrogadas. Sin embargo, la vía constitucional permite a la asociación de víctimas plantear aún un recurso constitucional denominado acción de amparo constitucional y la ley establece un plazo de seis meses para su presentación, encontrándose dentro de él para la presentación y la activación de la misma”, precisó.

Vidovic garantizó que el Ministerio de Justicia mantendrá la apertura ante la solicitud de cualquier información que sea necesaria para la organización junto a otros órganos del Estado.

Por su parte, el presidente de la CIDH y relator para Bolivia, José Luis Caballero, valoró la apertura del Estado, pero advirtió que los compromisos deben traducirse en acciones concretas y verificables.

Durante la audiencia, Caballero destacó la disposición del Gobierno para coordinar con otras entidades y garantizar la participación de las víctimas.

“Hay compromiso de coordinarse con otras entidades públicas para el cumplimiento de las recomendaciones (…) Hay apertura para que se escuche a las víctimas, lo agradecemos y vamos a dar seguimiento con acciones concretas”, aseguró.

Enfatizó que, pese a la buena voluntad expresada, será clave que el Órgano Judicial y el resto de instituciones traduzcan esta apertura en avances tangibles en los procesos judiciales y en la reparación integral de las víctimas.

Víctimas denuncian riesgo de impunidad

Las familias de Sacaba y Senkata participaron de forma presencial de la audiencia y manifestaron su rechazo a los cambios en los procesos judiciales.

El asesor de las víctimas, David Inca, sostuvo que la anulación de los juicios representa un “mecanismo de impunidad”.

“No nos interesa cómo haya asumido el cargo (Áñez). Lo hecho es que en su gobierno hubo ejecuciones sumarias, masacres, torturas… sobre eso tiene que responsabilizarse”, afirmó.

Una familiar indicó que el “juicio de privilegios nos deja sin acceso a la justicia”, y pidió la intervención de instancias internacionales para garantizar esto.