Ante lo que calificó como una profunda crisis que atraviesa el sistema judicial en Bolivia, que lo ubica en el puesto 131 de 143 en el Índice del Estado de Derecho 2024 (WJP), el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó su propuesta para una “reforma judicial con enfoque de derechos humanos”.

“Hoy presentamos un nuevo desafío para la reforma judicial en nuestro país. Un sistema justo y transparente para todas y todos. Nuestro plan se basa en tres pilares fundamentales: independencia y transparencia judicial, reformas normativas urgentes, la modernización tecnológica, todo esto con respeto a la interculturalidad y diversidad. Queremos un sistema que escuche y represente a todas y todos. Ese es el desafío”, dijo el Defensor del Pueblo en conferencia de prensa.

La autoridad defensorial, en ese sentido, expuso que su propuesta está basada en tres pilares “clave” de derechos humanos.

Según expuso Callisaya, el primer pilar se refiere a la independencia y transparencia judicial, basada en meritocracia, carrera judicial y mecanismos de selección de altas autoridades judiciales; como segundo aspecto, las reformas normativas urgentes, incluida la actualización de leyes obsoletas y la revisión de prácticas que actualmente vulneran derechos, como la Ley General del Trabajo (vigente desde 1942) y crear un Código Procesal Administrativo.

El tercer pilar plantea la modernización tecnológica para acelerar trámites, reducir discrecionalidades y abrir puertas donde en la actualidad hay barreras, sin reemplazar el criterio humano.

Asimismo, destacó que la reforma debe tener una mirada de interculturalidad y diversidad, porque “un Estado plurinacional necesita un sistema que respete sus múltiples sistemas de vida para que los pueblos indígenas participen en el diseño y aplicación de la reforma judicial; asimismo, el respeto a la justicia indígena originario campesina”.

En criterio del Defensor, la propuesta surge frente a las múltiples quejas que llegan a diario a la institución defensorial que evidencian problemas graves de debido proceso, acceso a la justicia, discriminación, entre otros.

Asimismo, ante la falta de independencia judicial, uso abusivo de la detención preventiva y politización de la justicia que documentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); y la preocupación expresa de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la selección de magistrados, la carrera judicial, presupuesto, cobertura, interculturalidad e impunidad. Asimismo, el relator especial sobre independencia judicial, Diego García-Sayán, anteriormente identificó debilidades en jueces transitorios, bajo presupuesto judicial, injerencia política, alta detención preventiva, entre otros.