La Fiscalía imputa formalmente a Jhonny Fernández por presunta desobediencia a resoluciones
De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado 8vo de Instrucción Penal, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra no habría dado cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0531/2024-S3, emitida el 19 de julio de 2024, que anula el registro del terreno del mercado Mutualistacomo propiedad de la Alcaldía cruceña a favor de la familia Crapuzzi.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas presentó la imputación formal contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, dentro del denominado ‘caso Mutualista’.
“Dentro del proceso penal seguido de oficio, por los antecedentes remitidos por la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, en contra de Max Jhonny Fernández Saucedo por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad (…), se presentó la imputación formal”, señala parte del documento fiscal.
De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado 8vo de Instrucción Penal, Fernández no habría dado cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0531/2024-S3, emitida el 19 de julio de 2024, que anula el registro del terreno del mercado Mutualistacomo propiedad de la Alcaldía cruceña a favor de la familia Crapuzzi.
“Debe llevarse una audiencia para que se determine si el alcalde (Jhonny Fernández) se va a defender en libertad o en detención preventiva. La Fiscalía pide una detención de 90 días, esperemos que la jueza acepte”, informó abogado de la familia Crapuzzi, Waminqa Serrano, en entrevista con El Deber.
La Fiscalía aseveró que el alcalde podría incurrir en actos de obstaculización, como la destrucción, modificación u ocultamiento de documentación relacionada con la sentencia, además de influir en funcionarios municipales citados como testigos.
Ante los riesgos procesales identificados, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de Fernández por 90 días en el Centro de Rehabilitación de Palmasola, argumentando peligro de fuga y obstaculización de la investigación.
 
        