El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, reapareció públicamente tras más de una semana y envió un memorial al juez que investiga el caso ‘Botrading’ en el que solicita poder declarar en la ciudad de Santa Cruz.

“Señor juez, a los fines de evitar situaciones de indefensión y de persecución indebida, solicito respetuosamente se ordene que mi declaración sea presentada en la ciudad de Santa Cruz, lugar donde tengo mi domicilio real”, señala la nota remitida por Dorgathen, según un reporte de Red Uno.

Dorgathen, quien también tiene una orden de aprehensión en su contra por presunto contrabando, pide a la autoridad jurisdiccional que tome en cuenta su “estado de salud” para dar curso a su petición.

“Además de lo expuesto, solicito considere que estoy con padecimiento de salud que impide trasladarme de una ciudad a otra. En razón de lo expuesto, solicito se autorice y se ordene mi declaración en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, expresa el memorial.

Dorgathen fundamentó su petición en el respeto a las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de las personas sometidas a investigación.

“La presente petición la realizo porque su autoridad es el contralor de las garantías constitucionales de quienes nos encontramos sujetos a una investigación. En calidad de garante de mis derechos fundamentales pido se ordene que la declaración sea prestada en Santa Cruz”, concluye el escrito difundido por la mencionada red televisiva.

Dorgathen es investigado por la presunta comisión de delitos de corrupción, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y falsedad dentro del caso ‘Botrading’, referido a las operaciones de compra de combustible que YPFB realizó a través de la empresa intermediaria creada en Paraguay, lo que, según denuncias, derivó en pagos con sobreprecios por carburantes.

Además, la semana se supo que la Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de contrabando agravado de exportación de combustible, que habría causado un daño económico al Estado superior a 14 millones de dólares.