El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, afirmó este jueves que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, quien tiene una orden de aprehensión en su contra, presentó una baja médica por lo que no acude a su fuente laboral.

Dorgathen tiene una orden de aprehensión en su contra acusado por del delito de “contrabando de exportación agravado” de combustible, con un daño económico de 14 millones de dólares.

No obstante, hasta el momento la Policía y la Fiscalía no ha podido encontrar su paradero para ejecutar la orden.

Aguilera, en ese sentido, afirmó que no se tiene registros de que Dorgathen haya abandonado el país.

“Por lo que sé, esta persona ha presentado una baja médica, lo que impide se presente en su lugar de trabajo. No se establece ninguna salida (del país) por parte del señor Dorgathen”, afirmó el Viceministro en entrevista con la Red Uno.

Aguilera, asimismo, aseguró que por parte del Ministerio Público se generará una estrategia “para establecer los elementos mínimos que hagan que la figura sea punible”.

“Nadie está ajeno al mandato de la Ley”, acotó.

Ayer, desde Migración se informó que no existe una orden de arraigo ni una alerta migratoria contra Dorgathen, y tampoco se evidencia que haya abandonado el país.

No obstante, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ya había señalado que se desconoce el paradero del Presidente de YPFB.

“Hemos recibido los reportes esta mañana que la policía está realizando las labores investigativas; sin embargo, hasta este momento no se conoce el paradero de esta persona”, aseveró el Ministro en contacto con la prensa.

La pasada semana se conoció que la Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión en contra del Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos acusado de “contrabando de exportación agravado” de combustible, con un daño económico de 14 millones de dólares.

Según la orden de prehensión, la denuncia fue presentada por Rodrigo Acuña Sánchez, quien es identificado como administrador de  la Aduana Nacional en la Frontera  de Yacuiba y la orden de aprehensión fue emitida por el fiscal Yeison Américo Plata Maldonado.

Al respecto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aseveró que la orden de aprehensión está fundamentada como marca la constitución y las leyes y pidió a la Policía boliviana ejecutarla.

Entretanto, la ministra de la Presidencia, María Nela Parada, defendió la inocencia de Dorgathen y afirmó que no co0metió contrabando ni generó daño económico al Estado. Aseguró que las operaciones observadas corresponden a exportaciones de gas debidamente autorizadas por normativa vigente.

La defensa de YPFB, Aduana y ANH

Desde YPFB, la Aduana Nacional y la Agencia Nacional de Hidrocarburos se defendió la inocencia de Dorgathen y se aseguró que las exportaciones de gas natural se realizaron conforme a la normativa vigente

Por una parte, desde Aduana señalaron que la denuncia fue hecha por exfuncionarios de la institución, quienes habrían sido destituidos horas antes de presentar la denuncia contra Dorgathen.

En conferencia de prensa, la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Liliana Serrudo Miranda, aclaró que la denuncia fue realizada sin autorización institucional.

Serrudo aseguró que los exfuncionarios "actuaron a nombre de la Aduana Nacional cuando ya no formaban parte de la institución" y presumió que lo hicieron como un acto de venganza tras ser alejados de sus funciones.

“Nos sorprendió que la denuncia fuera presentada el mismo día en que los funcionarios fueron desvinculados de la institución. Usaron el logo y sellos oficiales sin autorización, lo que constituye usurpación de funciones. La Aduana se querellará contra ellos”, anunció Serrudo.

Por su parte, el gerente de Contratos de Exportación de Gas de YPFB, Óscar Claros, afirmó que las operaciones de exportación a Argentina y Brasil se desarrollan bajo control aduanero, fiscalización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y en cumplimiento de la Ley 3058 de Hidrocarburos.

“Todas nuestras exportaciones son legales. No existe contrabando ni daño económico alguno. Por la operación observada, YPFB recibió 14 millones de dólares facturados, depositados en las cuentas oficiales del Banco Central de Bolivia”, sostuvo Claros.

Serrudo, en la misma línea, aclaró que el Decreto Supremo 28174 exime expresamente a las exportaciones de gas destinadas a Brasil y Argentina de requerir permisos adicionales, lo que confirma la legalidad de la operación.

Lo expresado también fue confirmado por Joel Callaú, director ejecutivo de la ANH, quien además recordó que esta institución es la única encargada de emitir las autorizaciones respectivas para la exportación de hidrocarburos.

“La ANH regula y fiscaliza toda la cadena de hidrocarburos. En este caso, las exportaciones de gas a esos dos países se encuentran debidamente autorizadas y cumplen con todos los requisitos legales”, aclaró.