El presidente Luis Arce, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Fiscalía General del Estado coincidieron en expresar su rechazo a las amenazas contra la democracia al intentar afectar el balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, el 19 de octubre, con demandas sin sustento contra las elecciones del 17 de agosto.

La posición surgió luego que el activista y excandidato a diputado de la Alianza Unidad, Peter Beckhauser, presentara una demanda en el Ministerio Público por una presunta manipulación tecnológica en más de 3.600 actas de las elecciones del 17 de agosto.

Además, los diputados Renán Cabezas y Jerges Mercado propusieron conformar una comisión especial para investigar la presunta manipulación de actas.

“Ante las acciones coordinadas de algunos asambleístas nacionales, actores políticos y sectores evistas para desconocer los resultados de las elecciones nacionales del pasado mes de agosto (primera vuelta), además de obstaculizar y evitar la segunda vuelta del próximo 19 de octubre; rechazamos todo intento temerario de poner en riesgo la democracia y la paz social del pueblo boliviano”, afirmó el presidente en su cuenta de Facebook.

Advirtió que, “cualquier alteración del cronograma electoral y desconocimiento del orden democrático, puede provocar una convulsión social y una serie de acciones violentas que las bolivianas y bolivianos no queremos”.

A la postura se sumó el TSE, que alertó a la ciudadanía que se intenta afectar la realización de la segunda vuelta electoral, “mediante la interposición de denuncias sin fundamento ante el Ministerio Público, con el objetivo de desconocer los resultados de las Elecciones Generales del 17 de agosto”.

A través de un comunicado, recordó que la organización del proceso electoral y la proclamación de los resultados fueron reconocidos por las organizaciones políticas, las misiones de observación electoral y la ciudadanía, quienes calificaron este proceso como exitoso e histórico, gracias a la transmisión rápida y transparente de resultados en la misma jornada de la votación.

Si bien alertó que, con estas acciones se busca “desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y amedrentar a los vocales del Órgano Electoral Plurinacional”, el TSE garantizó su compromiso de desarrollar las acciones necesarias para garantizar el principio de preclusión y el respeto pleno a los resultados electorales.

Ante estas denuncias, la Fiscalía General del Estado afirmó que se mantendrá vigilante y actuará conforme a la ley frente a cualquier hecho delictivo que atente contra la paz social, la institucionalidad democrática o la soberanía del pueblo boliviano.

En esa línea, rechazó “enfáticamente cualquier intento de alterar el orden democrático, desestabilizar el proceso electoral de segunda vuelta o desconocer el derecho fundamental de la ciudadanía a elegir libremente a sus gobernantes”.

“El respeto al voto y a los mecanismos constitucionales de elección son los pilares fundamentales de un Estado de derecho y su resguardo constituye un compromiso firme de la institución”, subrayó el Ministerio Público en un comunicado.

La segunda vuelta electoral se realizará el 19 de octubre y todo el operativo está en marcha. Como sucedió el 17 de agosto, más de 7,9 millones de electores, en Bolivia y 22 países del mundo, están convocados a sufragar para elegir al nuevo presidente.