El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este jueves que se determinó que el presidente del Estado, Luis Arce, se defienda en libertad por la denuncia que pesa en su contra por el delito de abandono de mujer embarazada, presentada por Brenda Lafuente, ex directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

“Por el tipo penal y la cantidad de años que podría sufrir de prisión se ha considerado que se defienda en libertad”, informó en conferencia de prensa.

Asimismo, confirmó que Arce se presentó a declarar de manera voluntaria y aseveró que el proceso continúa en reserva hasta que un juez dictamine lo contrario.

“Se están realizando diligencias preliminares dentro de la investigación. Se va a citar algunos testigos dentro del caso y se va realizar pericias solicitadas por las partes”, acotó el Fiscal General.

La exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) denunció que tuvo una relación con el Jefe de Estado después de su salida de la institución estatal y fruto de ello quedó embarazada.

No obstante, señaló que Arce negó ser el padre de su hijo y la terminó “bloqueando” de toda red social para evitar la comunicación.

"Nos dejó en un abandono absoluto durante todo el embarazo. Le pedí que asuma su responsabilidad de padre, pero se negó a cumplir con sus obligaciones”, señaló.

Según los documentos difundidos y la relación de los hechos, Brenda L. habría quedado embarazada del presidente Arce el 2024 y en noviembre habría dado a luz. Según su relató, tras esa fecha no pudo volver a contactarse con el Jefe de Estado.

“En el año 2023 inicié una relación sentimental con el Sr. Luis Alberto Arce Catacora, que como fruto de esta relación procreamos a nuestro hijo (…). Desde el primer momento que supe que estaba embarazada, en abril de 2024, noticia esperanza y responsabilidad, convencida de que el padre de mi hijo asumiría con respeto y humanidad su papel. Empero, la realidad que enfrentamos fue un abandono absoluto tanto a mi hijo como a mi persona (Sic.)”, se lee en el memorial que Brenda L. presentó ante la Fiscalía de Cochabamba.

La exdirectora de la AJAM, además, también presentó una demanda en contra del Jefe de Estado exigiendo el pago de la asistencia familiar.

La abogada de la denunciante, Camila Vargas, explicó ante la prensa que la demanda busca que el presidente "cumpla, como cualquier ciudadano, con su responsabilidad de padre" y recordó que la ley establece que los gastos de un menor deben ser cubiertos al 50% por ambos progenitores.

Detalló que la demanda pide una manutención mensual de entre 6.000 y 8.000 bolivianos y una compensación de 50.000 bolivianos por los gastos asumidos durante el embarazo y el nacimiento.