En conferencia de prensa, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aseveró que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, debe ser ingresado a una cárcel pública del departamento de La Paz, una vez que llegó al país deportado desde Estados Unidos.

Mariaca recordó que Murillo tiene dos condenas, además de declaraciones de rebeldía y mandamientos de aprehensión.

“Esta persona tiene que pasar a una carel pública en el departamento de La Paz para cumplir la condena que ya tiene en dos casos o en su defecto la detención preventiva que tendría que darse fruto de la rebeldía que en su momentos se dictó a través de una autoridad jurisdiccional, es decir, un juez”, sentenció.

En ese sentido, señaló que corresponderá a un juez definir a qué cárcel es ingresado quien fuera uno de los hombres fuertes del Gobierno de Jeanine Añez.

“Seguramente él va hacer uso de la defensa técnica y material si así lo considera. Lo que es seguro y por procedimiento tiene que darse es que tiene que ir a parar una cárcel pública”, insistió.

El titular del Ministerio Público, en ese sentido, detalló que son 15 los procesos contra Murillo. 10 se encuentran en juicio oral, es decir, con acusación formal; 2 en etapa preparatoria con imputación formal que debe resolver un juez cautelar; y 3 en etapa preliminar, donde los fiscales decidirán emitir o no la imputación formal.

Arturo Murillo llegó a Santa Cruz la madrugada del jueves tras ser deportado desde Estados Unidos. En ese país, estuvo encarcelado desde mayo de 2021 acusado de conspiración, junto a sus cómplices, por lavado de dinero y sobornos, relacionados con la compra irregular de material antidisturbios en Bolivia.

Fue liberado el 21 de junio pasado, tras beneficiarse con una reducción de su pena debido a su “buena conducta”. Tras salir de la cárcel, fue llevado a un centro de detención migratoria, desde donde se concretó su deportación.

El exministro fue trasladado a La Paz a mediodía de este jueves y se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde se encuentra a espera de ser cautelado y definir su situación jurídica.

En el país, Murillo tiene dos sentencias ejecutoriadas. Fue condenado a ocho años de prisión por el denominado caso “gases lacrimógenos”, que se refiere al ingreso irregular de armamento desde ese país en  2019. Su condena es de cinco años y cuatro meses.

La segunda sentencia es de cinco años con cuatro meses de prisión por el ingreso irregular de armamento no letal al país desde Ecuador.

Además de sus dos sentencias, el exministro también enfrenta otros procesos penales, uno de los más importantes por las masacres de Senkata y Sacaba, donde fueron asesinadas más de 20 personas por impactos de bala en una operación policial-militar contra movilizaciones sociales.