Por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó este miércoles la Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación, informó el presidente de Diputados, Omar Yujra.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara revisora, queda sancionada la presente ley remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, afirmó Yujra en la sesión del pleno.

Impulsada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, la norma tiene como objetivo proteger de manera integral la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes frente a nuevas formas de violencia y abuso sexual que se cometen mediante el uso de tecnologías digitales, como redes sociales, aplicaciones, plataformas de mensajería y videojuegos en línea.

Con ese fin se logró incorporar nuevos delitos al Código Penal, como el contacto con fines sexuales a través de las TIC, el abuso sexual digital, la exposición a contenido sexual y la producción y posesión de material de abuso infantil.

La norma plantea una pena privativa de 10 a 15 años de cárcel para las personas que distribuyan, arrienden, intercambien, vendan o comercialicen contenido digital que contenga representación visual de las partes íntimas de niñas, niños y adolescentes, o de exhibicionismo corporal con fines económicos.

Además, establece que toda persona que contacte a niñas, niños y adolescentes a través de comunicaciones electrónicas, enviando mensajes, videos, fotografías u otro contenido erótico o sexual, será sancionada con 4 a 8 años de privación de libertad.

Asimismo, se establecerá medidas urgentes de protección, como la eliminación de contenido ilegal y el alejamiento virtual de los agresores.

Una vez en vigencia, se permitirá el uso de agentes encubiertos digitales para investigar estos delitos; se fortalecerá el rol del sistema educativo y de salud, estableciendo obligaciones de prevención, denuncia y atención integral.

También se impulsará la corresponsabilidad de las familias, empresas tecnológicas y gobiernos subnacionales, además alinea la legislación boliviana con tratados internacionales de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño.