a) Justicia pronta y oportuna.

• Independencia Judicial:
• Implementar sistemas de evaluación y control interno que garanticen la imparcialidad y eficiencia de los operadores de justicia.
• Fortalecer los mecanismos de fiscalización para prevenir la corrupción y asegurar el cumplimiento de plazos procesales.
• Asignación del presupuesto de 3% del TGN a la Justicia.
• Tecnologías de Información y Comunicación (TICs):
• Impulsar la transformación digital del modelo de gestión judicial boliviano a través del uso intensivo de plataformas informáticas interoperables, sistemas expertos e inteligencia artificial
• Digitalizar los expedientes.
• Fortalecer plataformas en línea para la presentación de demandas, notificaciones y seguimiento de procesos.
• Utilizar inteligencia artificial para la gestión de casos.
• Reingeniería de Derechos Reales.
• Justicia de Paz:
• Promover la conciliación judicial y extrajudicial, arbitraje y mediación en todas las áreas.
• Centros de arbitraje a conflictos empresariales bajo jurisdicción del sistema de justicia del Estado.
• Crear una red de jueces de paz en zonas rurales y periurbanas para garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio.
• Desarrollo e implementación de la justicia de paz a través de capacitaciones y recursos.
• Igualdad de Oportunidades:
• Asegurar que, todos los ciudadanos, independientemente de su condición económica, social, género o generación tengan acceso a asistencia legal gratuita.
• Fomentar la paridad de género y la inclusión de poblaciones vulnerables en el sistema judicial.
• Materialización de principios constitucionales.

b) Transparencia en la administración de justicia

• Implementar medidas efectivas de cambio cultural adecuadas a los postulados axiológicos de nuestra Constitución Política del Estado.
• Recuperar la confianza en la actuación de los servidores públicos es transparentar su patrimonio.
• Reestructurar el régimen disciplinario efectivo con sanción a la corrupción e incumplimientos. (sanciones por malas actuaciones u omisiones en el desempeño de sus funciones).

c) Elección democrática y meritocrática de autoridades del sistema judicial.

Fortalecimiento de la Carrera Judicial

• Implementar un sistema de ascenso por méritos y antigüedad dentro del Órgano Judicial.
• Crear mecanismos de evaluación continua del desempeño de jueces y magistrados.
• Fortalecer una instancia independiente colegiada (Escuela de Jueces, Escuela de Fiscales y Escuela de Abogados).
• Establecer un sistema de ingreso a la carrera judicial vía formación continua, evaluación periódica y promoción basada en el desempeño.

Transparencia y Participación Ciudadana en el Proceso de Elección

• Realización de concursos públicos de méritos y exámenes de conocimientos para la selección de jueces y magistrados.
• Publicación de las hojas de vida, antecedentes y calificaciones de los postulantes en plataformas accesibles para la ciudadanía.
• Creación de comités de supervisión conformados por organizaciones de la sociedad civil para garantizar la transparencia del proceso de selección.

Despolitización del Sistema Judicial

• Socialización de las propuestas a la elección ante la Asamblea.
• Reformar la metodología de elección de jueces a través de cuerpo colegiado.
• Establecer mecanismos de evaluación independiente para asegurar la idoneidad de los candidatos a los altos cargos judiciales.

Capacitación y Ética Judicial

• Crear programas de formación y actualización para jueces y magistrados en derechos humanos, derecho constitucional y procedimientos judiciales modernos.
• Establecer un código de ética judicial con sanciones efectivas.

d) Implementación efectiva de la jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC)

• Clarificar el ámbito de aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina, para esto es necesario proponer las bases para su aplicación efectiva y material, con sus normas propias, de conformidad con sus usos, costumbres y procedimientos.
• Sustituir la Ley de Deslinde Jurisdiccional para efectivizar la aplicación plena de la JIOC.
• Comité de coordinación interjurisdiccional.

e) Implementación de códigos del bicentenario

• Elaborar nuevos Códigos del Bicentenario.
• Implementar políticas públicas y normativa para la transformación judicial, acceso a la justicia, métodos alternativos de solución de conflictos, derechos fundamentales, entre otras, en coordinación con todos los niveles del Estado y sociedad civil.

f) Articulación de la curricula de formación universitaria pregradual con la curricula de escuelas de jueces, fiscales y abogados.

• Diseño de un Plan de Formación Integral:
  
  • Establecer un diálogo institucional entre las universidades y las escuelas de jueces, fiscales y abogados para coordinar contenidos curriculares.
• Creación de Programas de Vinculación y Pasantías.
  
  • Desarrollar convenios entre universidades y las instituciones de formación judicial para facilitar la continuidad de estudios de especialización.
  • Establecer programas de mentoría entre jueces y fiscales experimentados y estudiantes universitarios.
• Actualización y Homologación de Contenidos:
  
  • Unificar estándares académicos y criterios de evaluación en la enseñanza del derecho en todas las universidades.
  • Establecer una comisión de supervisión académica encargada de revisar y actualizar la currícula de manera periódica.
• Fomento de la Ética y la Responsabilidad Social:
  
  • Reforzar la enseñanza de ética y valores en la formación de jueces, fiscales y abogados desde el pregrado.
  • Formación en derechos humanos como base de la currícula.

g) Reingeniería penitenciaria y reinserción social

• Mejora de Infraestructura y Condiciones Carcelarias.
• Construcción y remodelación de centros penitenciarios con enfoque en espacios adecuados para rehabilitación y formación.
• Creación de áreas diferenciadas para procesados y condenados, evitando la contaminación criminológica.
• Programas de Rehabilitación y Educación:
• Implementación de programas de educación formal y técnica dentro de los centros penitenciarios para mejorar las oportunidades laborales postencierro.
• Fortalecimiento de la Reinserción Social:
• Trabajo obligatorio para los privados de libertad como una forma de inserción social. Creación de incentivos para empresas que contraten a personas liberadas del sistema penitenciario.
• Descongestionamiento Carcelario y Reformas Legislativas:
• Aplicación efectiva de medidas alternativas a la prisión, como el uso de brazaletes electrónicos y libertad condicional supervisada.
• Reformulación de penas para delitos menores, evitando el encarcelamiento innecesario de personas sin antecedentes de violencia.

// RESUMEN REALIZADO POR LA APP 'ELECTROBOT'