El exministro de Justicia, Iván Lima, declaró por más de dos horas, en calidad de testigo, en la Fiscalía dentro del caso denominado consorcio.

La exautoridad, en respeto a la Ley, afirmó que como el caso se encuentra en reserva no puede dar detalles de sus declaraciones ni la investigación.

“Las investigaciones están bajo reserva, por lo tanto ninguna persona que declare puede brindar declaraciones públicas”, aseveró a su salida.

Lima, eso sí, aseveró que se puso a disposición del Ministerio Público si es que esa instancia necesita que amplíe su declaración inicial.

“Como pasa y debe pasar con todos los bolivianos que notifican, he hecho mi presentación  y me he puesto a disposición del Ministerio Público para cualquier ampliación que pueda requerir, pero lamentablemente sobre esa temática no tengo ningún criterio adicional”, sentenció.

Además, confirmó que si respondió a las preguntas de la Fiscalía ya que los testigos no pueden acogerse al silencio.

Además de Lima, la Fiscalía también citó al exviceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, así como a los abogados Luis G. Ch. F. y Carlos A. V. N., todos en calidad de testigos.

Caso consorcio

La investigación del caso surgió a raíz de la decisión del juez de Coroico Marcelo Lea Plaza – hoy detenido preventivamente-, quien, tras una acción de cumplimiento, trató de destituir a la magistrada del TSJ por La Paz, Fanny Coaquira Rodríguez, y en su lugar habilitar como magistrado a Iván Ramiro Campero Villalba, quien no logró los votos suficientes en las elecciones judiciales para ser magistrado electo titular.

El Presidente del TSJ, Romer Saucedo, en ese sentido, detalló el accionar del presunto consorcio para dar el “golpe” al Órgano Judicial.

Relató que en enero, el exministro César Siles impuso que Yván Córdova sea el Presidente del Tribunal Departamental (TED) de Justicia de La Paz. “Asumiendo la presidencia, empieza a gestarse un juego de intere”es para poder asumir el ex vocal y decano Iván Campero, quien es magistrado suplente de la doctora Coaquira”, relató.

En ese sentido, el Presidente del TSJ señaló que Córdova delegó a Claudia Castro como vocal de la Sala Penal y fue ella la encargada de coordinar la acción de cumplimiento con la que el juez Lea Plaza destituiría a la magistrada Coaquira, acción por la que fue aprehendido y detenido preventivamente.

“Todo esto protegido por el exministro (Siles). A título personal planifica este ataque al Órgano Judicial”, relató Saucedo.

Incluso, señaló que se están ejecutando accionares similares en busca de destituir a magistrados y tribunos del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental y así “dar un golpe a la democracia y la institucionalidad”.

En conferencia de prensa, el Presidente del TSJ recalcó que el accionar de Siles fue a “título personal” y no así del Gobierno boliviano.