Ante los avances del denominado caso Consorcio, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció este miércoles que se realizará una auditoría a todos los procesos judiciales en los que participaron jueces, vocales y exautoridades ahora bajo investigación por presuntos actos irregulares.

“Nosotros no vamos a meter a nadie a la cárcel porque no es nuestra labor, pero sí vamos a ordenar las auditorías a los procesos donde estén involucrados todos estos funcionarios y exfuncionarios. Estamos hablando de los vocales y de los jueces que han tenido que ver dentro de este escandaloso caso de corrupción”, afirmó Baptista en contacto con los medios.

En ese contexto, remarcó que acusó formalmente al juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza, por el delito de prevaricato, tras emitir una resolución presuntamente irregular para beneficiar a un magistrado suplente.

Lea Plaza se encuentra suspendido, enfrenta un proceso disciplinario interno y también un proceso penal abierto por el Ministerio Público.

Baptista explicó que fue una declaración ampliatoria del juez Lea Plaza la que derivó en la ampliación de la investigación a otras autoridades, por delitos como consorcio y uso indebido de influencias. Sin embargo, negó categóricamente cualquier participación del Consejo de la Magistratura en los hechos denunciados.

Asimismo, confirmó que los exvocales Claudia Castro, Yván Córdova (expresidente del TDJ de La Paz) e Iván Campero (magistrado suplente) presentaron sus renuncias, que fueron aceptadas y actualmente ya no ejercen funciones dentro del Órgano Judicial.

La investigación del caso surgió a raíz de la decisión, la pasada semana, del juez de Coroico Marcelo Lea Plaza – hoy detenido preventivamente-, quien, tras una acción de cumplimiento, trató de destituir a la magistrada del TSJ por La Paz, Fanny Coaquira Rodríguez, y en su lugar habilitar como magistrado a Iván Ramiro Campero Villalba, quien no logró los votos suficientes en las elecciones judiciales para ser magistrado electo titular.

El Presidente del TSJ, Romer Saucedo, en ese sentido, detalló el accionar del presunto consorcio para dar el “golpe” al Órgano Judicial.

Relató que en enero, el exministro César Siles impuso que Yván Córdova sea el Presidente del Tribunal Departamental (TED) de Justicia de La Paz. “Asumiendo la presidencia, empieza a gestarse un juego de intere”es para poder asumir el ex vocal y decano Iván Campero, quien es magistrado suplente de la doctora Coaquira”, relató.

En ese sentido, el Presidente del TSJ señaló que Córdova delegó a Claudia Castro como vocal de la Sala Penal y fue ella la encargada de coordinar la acción de cumplimiento con la que el juez Lea Plaza destituiría a la magistrada Coaquira, acción por la que fue aprehendido y detenido preventivamente.

“Todo esto protegido por el exministro (Siles). A título personal planifica este ataque al Órgano Judicial”, relató Saucedo.

Incluso, señaló que se están ejecutando accionares similares en busca de destituir a magistrados y tribunos del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental y así “dar un golpe a la democracia y la institucionalidad”.

En conferencia de prensa, el Presidente del TSJ recalcó que el accionar de Siles fue a “título personal” y no así del Gobierno boliviano.