En el octavo día del bloqueo que llevan adelante los seguidore de Evo Morales, la Defensoría del Pueblo, junto a otras instituciones, emitió un comunicado en el que, entre otros puntos, insta al Gobierno a no desplegar fuerzas militares ante lo que catalogó como “manifestaciones pacíficas” y también llamó a las autoridades, especialmente a las del Órgano Electoral, a garantizar el desarrollo de las elecciones generales convocadas para el 17 de agosto.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que el pronunciamiento conjunto - con 55 instituciones de la sociedad civil- identifica a diversos sectores como actores políticos, gobierno, órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, sectores movilizados, a las fuerzas políticas y sociales y finalmente a la ciudadanía.

El pronunciamiento explica que “esta crisis sólo se puede resolver a través del diálogo y los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución Política del Estado.  En ese sentido, es fundamental que las elecciones generales previstas para agosto de 2025 se desarrollen en un ambiente libre de presiones, amenazas, desinformación o acciones que generen temor o conflicto”.

En ese sentido, la Defensoría y las 55 instituciones firmantes exhortan a los actores políticos “a actuar con responsabilidad democrática, evitando discursos de odio y amenazas dirigidas a instituciones públicas o sociales, que inciten a la violencia, vulneren derechos humanos o alteren la convivencia pacífica”.

De la misma forma, instan al Gobierno “a garantizar que la actuación de la fuerza pública frente a protestas y bloqueos se rija por los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y a abstenerse de desplegar fuerzas militares ante manifestaciones pacíficas”.

Como otro actor importante, el pronunciamiento llama al Órgano Electoral “a hacer prevalecer sus competencias y garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral íntegro, transparente y competitivo, a fin de cumplir con las fechas previstas en el calendario electoral”.

El pronunciamiento también se dirige a los sectores movilizados, a quienes exhorta a “ejercer sus derechos políticos en el marco del respeto a las normas democráticas y la libertad de expresión responsable. Se debe evitar toda forma de violencia que afecte los derechos de personas no involucradas en las protestas”.

Además, exhorta a los movilizados “a garantizar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia, conforme a los estándares internacionales; únicamente las manifestaciones pacíficas gozan de protección plena”.

“A todas las fuerzas políticas y sociales del país, a establecer mecanismos seguros e incluyentes para lograr espacios de diálogo, que permitan acuerdos sobre los principales problemas del país. El diálogo debe priorizarse sobre el uso de la fuerza”, señala el Pronunciamiento.

Finalmente, el documento conjunto, pide a la ciudadanía “a mantener una actitud crítica, vigilante y pacífica, comprometida con la democracia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de soluciones constructivas”.

Por otra parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, afirmó que este Pronunciamiento incluye una exhortación a la no violencia contra los periodistas. “Coincidimos y queremos afirmar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo esperando que esta instancia despliegue todos los recursos que tiene a su disposición para garantizar el trabajo de los periodistas y trabajadores de la prensa”.

“Exhortamos a que paren la violencia, intimidación y hostigamiento a los periodistas. Lamentablemente, desde los sectores movilizados se ejerce una violencia cada vez más creciente, que además está desplegando una situación de desinformación que trata de desprestigiar el trabajo de los periodistas”, señaló Alanes.

Por su parte, la representante de la Coordinadora de la Mujer, Rocío Ricaldi, señaló que este pronunciamiento es “para garantizar la estabilidad democrática, la institucionalidad del Estado y los derechos humanos. Somos responsables de contribuir a la estabilidad democrática y a la institucionalidad que el Estado hoy necesita (…) queremos llegar a las elecciones a elegir nuevas autoridades, tenemos la responsabilidad de garantizar este proceso electoral y tener los resultados que, como población, necesitamos”.

Asimismo, el director del Centro de Investigación del Campesinado (CIPCA), Marco Antonio Albornoz, señaló que se suman a este pronunciamiento “porque creemos que la población necesita tener certeza de que las elecciones se van a llevar a cabo, en este clima de conflictividad, llegar a las elecciones sería un hito para nosotros, es necesario garantizar la realización de las elecciones con un cambio de gobierno que permita salir de esta crisis multisectorial”.

Finalmente, la directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra Badani, señaló que la adhesión de esa institución se da en cumplimiento al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en sus recomendaciones 33 a la 36 llama a la población a actuar en estos momentos de crisis.                

Seguidores de Evo Morales cumplen este lunes ocho días de bloqueos para forzar que su líder sea habilitado como candidato a la presidencia a pesar de estar impedido por sentencias constitucionales que limitan la reelección continua y discontinua en el país y de no contar con un partido político con personería jurídica vigente.

Para tratar de desbloquear las carreteras y “preservar la democracia”, el Gobierno anunció el fin de semana que la policía y las Fuerzas Armadas harán operaciones conjuntas en el país.