La orden de aprehensión contra Evo Morales por el proceso de trata de personas con agravante queda vigente, tras la decisión del juez del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Franz Zabaleta, que suspendió el fallo de la juez Lilian Moreno que había beneficiado al dirigente cocalero, informó el ministro de Justicia, César Siles.

Con esta decisión se deja sin efecto la determinación asumida a fines de abril en Santa Cruz, por la juez Moreno. La juez dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Morales y ordenó el traslado de obras del caso de Tarija, donde radica la denuncia, a Cochabamba, donde vive el principal acusado.

“No solamente la orden (de captura), sino queda vigente el proceso, la imputación, la jurisdicción de Tarija y la plena competencia del juez (…) El fallo está suponiendo claramente que, como medida cautelar se deje en suspenso cualquier decisión que haya emitido la juez Moreno”, explicó Siles en declaraciones a Bolivia Tv.

En la parte sustantiva de su decisión, se señala: “conforme al artículo 34 del CPCo. (Código de Procesamiento Penal) como medida cautelar se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada, entre tanto no se resuelva la presente queja conforme lo determina el Auto constitucional Plurinacional N° 0047/2022 de 10 de agosto de 2022”.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que la decisión del juez deja en statu quo la anulación que pretendía realizar la señora Lilian Moreno” y que, además, le da a la juez un plazo de 72 horas para que responda sobre las decisiones asumidas.

“¿Qué quiere decir esto? Que la orden de aprehensión en contra del señor Morales sigue y continúa plenamente vigente”, aseguró en declaraciones a la prensa en Santa Cruz.

Morales es investigado por trata de personas con agravante, por haber mantenido una relación con una adolescente en Yacuiba (Tarija) en 2015, cuando ejercía la Presidencia de Bolivia, con quien tuvo una hija, según investigaciones fiscales.

El 17 de enero de 2025, el juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujeres Quinto de Tarija, Nelson Alberto Rocabado, declaró a Morales en rebeldía, ordenó su búsqueda y aprehensión, congelar sus cuentas bancarias y la anotación preventiva de sus bienes.

El miércoles, el abogado de Morales, Jorge Pérez, señaló que la Justicia cruceña aceptó un auto constitucional que anuló obrados en contra del exmandatario. La juez que había asumido esa decisión era Moreno, la misma que en octubre de 2024 dejó sin efecto una orden de aprehensión que la fiscalía de Tarija emitió por el mismo caso.

Al defender la determinación del juez Zabaleta, el ministro Siles recordó que el expresidente consintió “la competencia del juez de Tarija” y la competencia territorial de la Fiscalía de Tarija.

Por ello, afirmó que “es realmente un fallo aberrante el que ha dictado la juez Lilian Moreno, pero, afortunadamente, se restableció el Estado de Derecho y fue dejado sin efecto por esta última resolución del juez Zabaleta de La Paz”.

“Hemos identificado que está sorteado y está con un magistrado relator (del Tribunal Constitucional), entendemos que debería de salir y, además, por lo que está sucediendo, rápidamente la próxima semana, vamos a ser vigilantes para que pueda salir”, indicó el ministro.

A partir de la decisión del juez de La Paz, Del Castillo anunció que se reunirá con el Comando General de la Policía Boliviana y el Viceministerio del Régimen Interior para “analizar una vez más el plan de operaciones y cuando existan las condiciones materiales, sin poner en riesgo la vida de ningún ciudadano boliviano” se ejerza la orden de aprehensión.

La decisión de Moreno generó un amplio rechazo de varios sectores. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, expresó su desacuerdo con “la posición de jueces que permiten a ciudadanos procesados por hechos de pedofilia, burlarse de la justicia”.

En tanto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció el inicio de una investigación disciplinaria contra Moreno.

Al respecto, el ministro de Gobierno informó que se presentó una denuncia contra la juez Moreno por el delito de prevaricato, sin embargo, desde su perspectiva lo que corresponde es un proceso por el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales y acciones de libertad, porque no ha dado cumplimiento a un fallo donde ella se encontraba presente de manera virtual en una acción de libertad en el departamento de La Paz.

“Ella de manera intencionada ha incumplido una resolución de un Tribunal de Garantías en el departamento de La Paz y nosotros hemos manifestado que, cuando uno adecua su conducta a un tipo penal, ¿qué corresponde? una sanción y es precisamente lo que seguramente va a buscar el Ministerio Público”, apuntó.