En medio del anuncio respecto a que esta gestión habrá un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional y 5% al haber básico, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, afirmó que los trabajadores “no podemos ir en contra de los empresarios” y su preocupación es “cuidar la inversión privada”.

“Jamás podemos ir en contra de los empresarios, microempresarios, jamás podemos ir en contra de ellos, por el contrario, nuestra preocupación es cuidar la inversión privada”, señaló Huarachi en conferencia de prensa.

El líder de la COB, en ese sentido, afirmó que en las negociaciones con el Gobierno se pusieron “de acuerdo” para ver como “cuidar” a la inversión privada, pero pidió también a los empresarios garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.

“Se ha aplicado muchas medidas a favor del sector empresarial privado. Los trabajadores hemos impulsado leyes para la protección de la industria nacional”, aseveró.

No obstante, lo acordado por el Gobierno y la COB va en contra de los expresado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que horas antes del anuncio emitió un comunicado señalando que durante esta gestión “no debe implementarse ningún incremento a los salarios”.

“Por las condiciones críticas que atraviesa nuestro país y que impactan de manera directa y transversal a todas las empresas, poniendo en riesgo la generación y sostenimiento de empleo y la provisión oportuna de bienes y servicios, en la presente gestión no debe implementarse ningún incremento a los salarios”, señaló la CEPB.

Los empresarios, en ese sentido, alertan que la imposición de “cualquier medida que desestabilice a las empresas y emprendimientos privados, puede generar una reacción en cadena que nos conduzca a un escenario de inflación descontrolada y estancamiento económico”.

Incluso, la CEPB propuso que el incremento se aplique únicamente al haber básico y no al salario mínimo nacional; y ese aumento sea “acordado entre empresarios y trabajadores de cada empresa, en función de su realidad específica, sin parámetros obligatorios que comprometan su sostenibilidad y que limiten la posibilidad de que algunos sectores no puedan asumir ese gasto”.