A través de un comunicado, la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia negó que el vicepresidente David Choquehuanca se oponga a la protección del jaguar y pidió no usar el tema como una herramienta de “desinformación” y “polarización”

La diputada María René Álvarez denunció días atrás que el vicepresidente David Choquehuanca presentó un memorial ante el Tribunal Agroambiental solicitando que se declare la improcedencia de la acción ambiental directa que buscaba la implementación de medidas para la protección del jaguar y su hábitat.

Según la legisladora, en el memorial presentado por Choquehuanca se argumentaba que la acción de protección vulnera las normas y no es de competencia del Tribunal.

Al respecto, la Vicepresidencia señaló que el informe presentado ante el Tribunal Agroambiental “comprende consideraciones de carácter jurídico procesal respecto de las atribuciones y competencias reconocidas al Órgano Judicial, entre las cuales se evidencia ausencia normativa que faculte a éste llevar adelante el citado proceso”.

Según esa instancia estatal, el memorial presentado busca “orientar y establecer adecuadamente los elementos para la formulación de una correcta protección del jaguar y la Madre Tierra”.

“La defensa del jaguar, no puede ni debe ser usada como herramienta de desinformación o polarización. Debe unirnos como país y como humanidad en defensa de la vida y de la Madre Tierra”, añade el comunicado.

Ayer, miércoles, el Tribunal Agroambiental resolvió que los órganos del Estado deben aplicar “medidas cautelares urgentes” para garantizar la protección oportuna de los jaguares en Bolivia y su hábitat.

La Sala Plena de ese tribunal decidió que el Gobierno, a través de tres ministerios, “implemente de forma inmediata y coordine una política de tolerancia cero al tráfico ilegal de la vida silvestre, especialmente de colmillos, cráneos y pelo del jaguar panthera onca en todos los aeropuertos del país (...) y en las fronteras involucradas”, leyó el secretario del tribunal, Alberto Hidetoshi.

La resolución implica también que la Asamblea Legislativa elabore una ley para crear un fondo económico que sirva para implementar políticas de protección del jaguar.

Además, el Tribunal ordena al Ministerio de Medio Ambiente la recategorización urgente del jaguar como especie en peligro o peligro crítico, la implementación de una política de “cero tolerancia” al tráfico de fauna silvestre, y el diseño de planes de conservación en coordinación con gobiernos autónomos y representantes indígenas.

Por otra parte, la Sala Plena definió que autoridades de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, autoridades judiciales y otras instancias tomen medidas “urgentes y en un plazo de 10 días hábiles” para “prevenir ataques, amenazas, intimidaciones que pudieran sufrir “los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias”.

Finalmente, la resolución, sustentada en el Acuerdo de Escazú y el Decreto Supremo 5225, instruye a las entidades estatales —incluidas la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)— la adopción de políticas integrales de protección, destacando la declaración de una pausa ecológica en las quemas, hasta nueva evaluación técnica supervisada por el mismo Tribunal.