El ministro de Justicia, César Siles, afirmó este jueves que las elecciones generales previstas para el 17 de agosto están “blindadas” y aseguró que no existe ningún mecanismo jurídico que permita paralizarlas, pese a las acciones constitucionales planteadas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, denunció “intereses oscuros” que buscan frenar el proceso electoral.

“No hay forma legal, ni en el Tribunal Supremo de Justicia o en el Tribunal Constitucional, que puedan paralizar las elecciones por esta vía (…). El proceso electoral está absolutamente blindado”, afirmó la autoridad en entrevista con Bolivia Tv.

Remarcó que el calendario electoral se está cumpliendo en los plazos establecidos y las elecciones se realizarán sin contratiempos, gracias, dijo, al respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y otros órganos del Estado.

“En sintonía con el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo coincidimos en que las elecciones deben realizarse en la fecha establecida”, afirmó Siles, destacando la unidad interinstitucional para garantizar la democracia.

Asimismo, calificó como una “decisión patriótica” el instructivo emitido por el TSJ que respalda el proceso electoral y advierte con procesos legales contra autoridades judiciales que intenten interferir con su desarrollo.

“El instructivo, en específico, tiene una parte bastante fuerte y hay que dejarlo claramente establecido. El Tribunal Supremo ha establecido que el incumplimiento a estos criterios fundamentales -la ponderación de derechos y la garantía de las elecciones- dará lugar a la adopción de acciones legales correspondientes contra aquellas autoridades que, mediante sus resoluciones, intenten desestabilizar el orden constitucional”, enfatizó.

Además, precisó que dicho instructivo se enmarca en las competencias legales conferidas por la Ley 025 del Órgano Judicial. En este sentido, recordó que jueces, vocales y otras autoridades judiciales no solo enfrentarán consecuencias legales, sino también un reproche ético y social individualizado.

Asimismo, explicó que las tres acciones que actualmente cursan en el Tribunal Constitucional deben seguir su trámite legal, pero descartó que puedan generar un efecto inmediato sobre el proceso electoral.

“Las acciones constitucionales planteadas, tienen que seguir su curso de procedimiento. Tienen que ser tramitadas (…). Los plazos que establece el Código Procesal, la enorme carga en mora procesal que tiene el Tribunal Constitucional, va a impedir que estas sentencias sean emitidas antes de las elecciones previstas para el próximo 17 de agosto. Sin embargo, tienen que seguir su curso y procedimiento legal. Tienen que, necesariamente, terminar con la emisión de una sentencia”, precisó.

Siles también denunció que existen “intereses oscuros” que buscan frenar el proceso electoral, aunque fue enfático en señalar que no provienen del Gobierno ni de los órganos constitucionales.

“Sin duda, hay intereses oscuros políticos de querer frenar el proceso eleccionario. No es de parte del Gobierno, no es de parte del Tribunal Constitucional, no es de parte del Tribunal Supremo y eso debe quedar claro (…). El proceso electoral está blindado”, reiteró.