Trabajadores y aliados de la empresa Soboce protestan en  puertas de la Procuraduría General del Estado, en la ciudad de El Alto, exigiendo imparcialidad en el litigio que sostienen con Fancesa por una supuesta “competencia desleal”.

La justicia determinó que Soboce debe pagar Bs 744 millones a Fancesa por incurrir en “competencia desleal”. En su fallo, el juez de Partido 4º en lo Civil Comercial de Sucre, Iván Vidal Aparicio,  estableció que Soboce cometió un acto de competencia desleal a Fancesa al utilizar como garantía hipotecaria las acciones que poseía en la fábrica local, con el objetivo de privilegiar el crecimiento de la procesadora de la localidad paceña de Viacha.

No obstante, Soboce presentó una Acción de Amparo Constitucional en contra de la mencionada sentencia al considerar que “vulnera gravemente sus derechos y establece un precedente alarmante para la seguridad jurídica en el país”.

En ese sentido, el procurador general del Estado, Ramiro Condori, afirmó el pasado lunes que se debe cumplir con el fallo y anunció que su despacho tendrá una representación en la audiencia sobre el amparo constitucional presentado por Soboce, fijada para el 9 de mayo.

Adelantó que presentarán “todos los antecedentes necesarios”, considerando que no debe concederse la tutela solicitada por Soboce y se debe cumplir el pago de 744 millones de bolivianos por “una competencia desleal que ha sido demostrada”.

“Esa sentencia debe cumplirse. Es una obligación de la otra parte resarcir los más de 744 millones de bolivianos a las tres entidades públicas que conforman Fancesa (Universidad San Francisco Xavier, Alcaldía de Sucre y Gobernación de Chuquisaca) (…) Esta entidad constitucional no va a permitir que ningún juez ni autoridad judicial pretenda realizar resoluciones contrarias a los intereses del pueblo chuquisaqueño. Ya tenemos una sentencia donde ha habido una competencia desleal y esa sentencia debe cumplirse”, afirmó Condori, según reporte de Correo del Sur.

Los dichos de la autoridad, desataron el rechazo de los trabajadores de Soboce, quienes llegaron hasta la Procuraduría pidiendo imparcialidad en el litigio.

“Estamos presentes en la Procuraduría de manera masiva. Trabajadores de Soboce, acompañados de hermanos de comunidades vecinas, cooperativas mineras que trabajan con nosotros, representantes de los sindicatos… expresamos nuestra molestia por las declaraciones públicas del Procurador, que se parcializó a favor de Fancesa por el conflicto jurídico”, reclamó uno de los representantes de Soboce, en contacto con la prensa.

Afirmó que “no nos parece justo que el Procurador se esté parcicializando a favor de alguno de los actores” y menos aún que “emita juicios de valor” al exigir el cumplimiento del pago establecido.

El caso

En junio de 2010, Fancesa S.A. demandó por competencia desleal a la empresa Soboce, porque usando acciones de Fancesa obtuvo una línea de financiamiento de 35 millones de bolivianos para invertir en la plata de producción de Viacha – Soboce en desmedro de la empresa pública.

Sustanciado el proceso en el Juzgado Público 4to en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, se emite la Sentencia N° 21/2013 del 6 de junio declarando Probada la demanda; el cual fue apelado por los demandados y luego confirmada la Sentencia de Primera Instancia a través de Auto de Vista N° 451/2013 del 19 de septiembre emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

En este proceso, impulsado de manera conjunta por la Procuraduría, Fancesa S.A., Universidad Mayor de San Francisco Xavier y el Gobierno Departamental de Chuquisaca, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo 059/2025 que declara infundado el Recurso de Casación (anulación de sentencia) interpuesto por Soboce contra el Auto de Vista N° 365/2023.

Esta determinación ratificó plenamente la Sentencia N° 122/2023 del 28 de junio que declaraba probada en su totalidad la demanda de resarcimiento de daños y perjuicios, incluyendo el pago de costas y costos procesales.

La Procuraduría General del Estado, en el marco de sus atribuciones constitucionales, lideró una intervención interinstitucional estratégica que permitió alcanzar este resultado favorable por más de Bs 744 millones para la empresa cementera chuquisaqueña.